La Corte Constitucional estudia una tutela presentada por un grupo de 25 personas mayores de 60 años, quienes piden en el marco de la pandemia establecer cuáles serán los argumentos éticos a la hora de priorizar a un paciente sobre otro en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Los demandantes que padecen diferentes enfermedades crónicas o alguna discapacidad manifestaron que, en la actual situación de propagación del coronavirus y sus variantes, en cualquier momento pueden enfrentar la situación de estar en un hospital y requerir el acceso a una UCI o a recursos de soporte vital escasos.
Por lo que les resulta muy preocupante que, en varios protocolos de priorización de estos recursos escasos o, también conocido como ‘triaje ético’, se tenga en cuenta la edad como un criterio para definir a quien se le va a dar acceso a las únicas UCI que estén disponibles.
Para ejemplificar esta situación, mencionaron que en el protocolo del comité de bioética de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga consideran la edad, la discapacidad y/o la existencia de ciertas enfermedades en abstracto como criterios de posible desempate para negar el acceso a una UCI. También señalaron que “la resolución expedida por el
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Ministerio de Salud no es vinculante y, en consecuencia, cada institución de salud decide qué criterios aplicar para decidir qué vida salvar”.
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Agregaron que la escasez de UCI y recursos de soporte vital empeora esta situación en los departamentos más empobrecidos y con menos presencia institucional.
“El panorama frente a disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos es aún más preocupante para departamentos con ocupaciones muy altas como Antioquia (88 %), Tolima (79 %), Cauca (71%), Caldas (70%), Meta (68 %), Putumayo (68%) Bogotá (67 %). 1: Es evidente que este porcentaje seguirá aumentando en los próximos días, ya que el nivel de positividad y contagios en estos departamentos sigue en crecimiento. Por ejemplo, la ocupación de UCI en Antioquia cambió del 84% al 88% en solo un día. 2: Según datos del Ministerio de Salud, el número de pacientes por COVID-19 aumentó 59 % en los 10 primeros días del año”, expresaron en la solicitud.
La solicitud de insistencia fue firmada por la magistrada Cristina Pardo, donde se argumenta que es posible establecer que sí existe una amenaza real sobre el derecho a la vida de las demandantes, al no tener estas reglas claras, teniendo en cuenta que, “las personas mayores tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente si se infectan”, y, además, “la mayoría de las muertes ocurren en personas de 70 años o más, seguidas de personas entre 60 y 69 años”.
Por lo que, según la insistencia, los mayores de 60 años son quienes están más expuestos a la muerte por causa del COVID-19 y, por tanto, son ellos quienes más requieren el acceso a los servicios de salud para salvar su vida.
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