Bogotá atraviesa nuevamente una temporada de alta demanda en los servicios de salud debido al aumento de enfermedades respiratorias en menores de edad. Ante este panorama, especialistas impulsan un modelo de consulta prioritaria pediátrica que busca evitar la saturación de las urgencias y garantizar una atención más rápida para los pacientes que realmente requieren manejo hospitalario.La estrategia cobra relevancia en momentos en que la ciudad enfrenta el tradicional pico respiratorio que se presenta entre marzo y junio, una época en la que históricamente aumenta la ocupación de camas pediátricas y la presión sobre hospitales y clínicas. Según datos citados por el Instituto Nacional de Salud, promotores de la iniciativa, en años anteriores la ocupación de camas para niños ha alcanzado niveles cercanos al 90 %.Este modelo de consulta prioritaria busca descongestionar las urgencias en BogotáLa propuesta es liderada por José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), institución que actualmente atiende a más de 4.000 menores al mes mediante este esquema.El objetivo es que los pacientes con síntomas respiratorios reciban una valoración especializada antes de acudir a un servicio de urgencias. De esta manera, los pediatras pueden determinar si el menor requiere hospitalización, manejo en urgencias o tratamiento ambulatorio dentro de la misma institución.Según la experiencia reportada por la entidad, nueve de cada diez casos pueden resolverse sin necesidad de que el paciente llegue a una sala de urgencias.La consulta prioritaria pediátrica como estrategia para reducir hasta en un 70 % la congestión en el sistema de saludLas infecciones respiratorias representan entre el 70 % y el 80 % de las consultas médicas en menores durante estas temporadas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud citadas en el documento.Frente a esta realidad, la consulta prioritaria se presenta como una alternativa para agilizar la atención y optimizar los recursos disponibles. Además de reducir la congestión en los servicios hospitalarios, el modelo permitiría generar ahorros cercanos al 60 % frente a los costos asociados a la atención por urgencias.Los especialistas destacan que diagnósticos frecuentes como resfriados, faringitis o bronquiolitis suelen manejarse eficazmente mediante atención ambulatoria cuando son detectados a tiempo.Ante estos síntomas, la consulta prioritaria debe ser la primera opciónLos expertos recomiendan que padres y cuidadores estén atentos a señales como fiebre superior a 38,5 grados, dificultad para respirar, rechazo a los alimentos, somnolencia excesiva o cambios en la coloración de la piel.La recomendación es buscar atención médica desde los primeros síntomas para evitar complicaciones y reducir la presión sobre la red hospitalaria. A esto se suman medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios y el uso de tapabocas cuando sea necesario.Para los impulsores de esta estrategia, fortalecer la consulta prioritaria no solo beneficia a los niños y sus familias, sino que también permite que los hospitales concentren sus esfuerzos en los pacientes que realmente requieren atención de alta complejidad.
Lo que parecía ser uno de los días más felices de su vida, terminó convirtiéndose en una emergencia médica. María Fernanda Rodríguez, una colombiana de 30 años que reside en Ciudad de México, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una reacción alérgica severa luego del nacimiento de su hija.Su esposo, Brandon Hernández, documentó en redes sociales los momentos previos y posteriores al parto, sin imaginar que la situación se complicaría minutos después. Según relató, María Fernanda presentó un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave que comprometió su estado de salud y obligó a los médicos a mantenerla bajo cuidados intensivos.“Está grave, pero yo sé que ella va a salir de esto. Yo pedí que no me la desconectaran, que así los días que fueran pasando al último me entregaran una cuenta y después de ahí poderla pasar a otro hospital”, dijo.La situación se ha agravado por los elevados costos de la atención médica. De acuerdo con la familia, María Fernanda no cuenta con seguro de salud en México, por lo que los gastos hospitalarios han comenzado a acumularse rápidamente. Solo durante las primeras 24 horas de atención, la cuenta ascendió a 420.000 pesos mexicanos, equivalentes a más de 85 millones de pesos colombianos.“Juntamos un ahorro para poder tenerla en este hospital. Me pasaron el corte del primer día porque sabía que aquí iba a ser exageradamente elevado. A las 24 horas me arrojan una cantidad de 420.000 pesos mexicanos, una cifra con la que sinceramente no contaba. Por eso estamos levantando la voz y pidiendo ayuda”, afirmó.Tras tres días de hospitalización, los familiares de María Fernanda han solicitado apoyo económico y acompañamiento de las autoridades colombianas para enfrentar los costos del tratamiento y explorar alternativas que permitan garantizar su atención médica.Blu Radio conoció que el Consulado de Colombia en México ya tiene conocimiento del caso y, según indicaron fuentes diplomáticas, se encuentra en contacto con los familiares de la colombiana para hacer seguimiento a la situación.Quienes estén interesados en brindar algún tipo de ayuda pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros número 37926263634 a nombre de Valentina Hernández.
En una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde cada segundo cuenta para estabilizar a un paciente, existe un riesgo que suele pasar desapercibido pero que empieza a llamar la atención de especialistas: las lesiones en la piel asociadas al uso de adhesivos médicos.Un estudio realizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile encontró que el 9,5 % de los pacientes evaluados presentó este tipo de afectación durante su estancia, lo que significa que casi una de cada diez personas podría enfrentar esta complicación mientras recibe atención crítica.La situación cobra mayor relevancia en Colombia debido al número de personas que viven con diabetes, una condición que puede hacer que la piel sea más vulnerable y tenga mayor riesgo de sufrir daños durante una hospitalización. Según datos de la Cuenta de Alto Costo, hasta agosto de 2025 se habían reportado 2.597.719 casos de diabetes mellitus en el país, una cifra que evidencia la cantidad de pacientes que podrían llegar a servicios de alta complejidad con factores adicionales de riesgo.La investigación reveló que los pacientes en UCI pueden estar expuestos a múltiples dispositivos de fijación durante su tratamiento. En promedio, cada persona tuvo contacto con más de nueve adhesivos médicos, entre ellos electrodos, películas transparentes y otros elementos necesarios para monitorear o tratar su condición. Además, el estudio identificó que los pacientes con diabetes tipo 2 tenían 8,28 veces más probabilidad de desarrollar lesiones relacionadas con estos materiales.Las afectaciones más frecuentes encontradas fueron los desgarros de piel, la dermatitis de contacto irritativa y el desprendimiento de la epidermis. Las zonas más comprometidas fueron principalmente los miembros superiores, seguidos por el cuello y el tórax, áreas donde suelen ubicarse varios sistemas de fijación utilizados durante la atención hospitalaria.Ante estos hallazgos, iniciativas como “Cuidando cada vida, cada historia”, de Leukoplast, buscan visibilizar la importancia de proteger la piel como parte integral de la seguridad del paciente. La prevención no consiste en eliminar herramientas esenciales para el tratamiento, sino en fortalecer la selección, aplicación y seguimiento de estos elementos para reducir complicaciones evitables.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y el Sindicato de Médicos Intensivistas (SICRITICO) manifestaron su preocupación por las condiciones laborales del talento humano en salud que presta servicios en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país.A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que continúan conociendo casos de cierre de servicios de salud asociados a demoras en los pagos entre EPS e IPS, así como retrasos en los honorarios del personal médico. Según indicaron, recientemente una institución prestadora de salud en Bogotá acumula tres meses de retraso en los pagos a médicos vinculados mediante contratos de prestación de servicios.Los gremios advirtieron que esta situación afecta a más de diez profesionales y señalaron que la contratación mediante prestación de servicios debe ser excepcional y acordada entre las partes, mientras que la vinculación laboral directa debería ser la regla para el personal de salud.En el documento también solicitaron a las autoridades realizar seguimiento a posibles vulneraciones de derechos laborales relacionados con seguridad social, pago de prestaciones, vacaciones, estabilidad laboral y reconocimiento oportuno de remuneraciones.Las organizaciones señalaron que las dificultades en las condiciones de operación y contratación podrían afectar la continuidad en la atención de pacientes en servicios de cuidado intensivo. Además, hicieron un llamado al gremio médico para rechazar prácticas que, según indicaron, deterioran las condiciones laborales del sector salud.
El ataque armado se registró a la altura del sector de El Crucero del corregimiento de Timba, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, en una de las vías donde diariamente integrantes del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, instalan retenes ilegales.La víctima se movilizaba en su vehículo particular, y se dirigía hacia el casco urbano del municipio, cuando se encontró con los disidentes, quienes le ordenaron detenerse, señal que esta persona desobedeció por el temor de resultar secuestrado por esta estructura criminal.Esta acción provocó que de inmediato los sujetos armados dispararan hacia el vehículo, y las balas lograron impactar a esta persona en su espalda, dejándola gravemente herida. Minutos después, fue auxiliada por la comunidad y trasladada de inmediato a una clínica de Cali, donde hoy se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.La comunidad de la zona rural de Jamundí ha manifestado que los retenes ilegales son una constante en todas las vías de acceso a corregimientos y veredas. Incluso, en vías que conectan con el departamento del Cauca, donde constantemente asaltan vehículos de carga y hurtan camionetas de alta gama, como el caso de hace unas semanas, donde este mismo grupo disidente se robó dos camiones tipo niñera, que movilizaban camionetas, en plena vía Panamericana.Este hecho se suma a la invasión de una finca productora de piña ocurrida esta semana en el sector de Río Claro, donde sujetos armados, al parecer siguiendo órdenes de los disidentes, ingresaron al predio a la fuerza, amenazando e intimidando a los propietarios y trabajadores, y destruyendo todos los cultivos.
El acceso a la salud en Colombia atraviesa un momento crítico por el aumento de quejas ciudadanas y un retroceso en la infraestructura destinada a la atención de gestantes y recién nacidos.Así lo revela el más reciente Boletín de Acceso y Oportunidad de Así Vamos en Salud, que muestra que, pese a que la afiliación al sistema se mantiene alta, la capacidad de respuesta no avanza al mismo ritmo y, por el contrario, evidencia señales de deterioro.Según este informe, las PQRS crecieron 36,4% entre junio y agosto de 2025, una tendencia que podría llevar al país a cerrar el año con más de 2 millones de reclamos, la cifra más elevada registrada hasta ahora.Los usuarios denuncian demoras, trámites excesivos y dificultades para acceder a servicios básicos, lo que se suma al aumento previsto de tutelas, que podrían alcanzar los 318.000 casos.La situación se agrava en áreas sensibles como la atención materna y neonatal. El boletín reporta una reducción de 97 camas en servicios de trabajo de parto, parto y recuperación, afectando directamente la seguridad de mujeres gestantes y sus recién nacidos.Además, regiones enteras como Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no cuentan con una UCI neonatal, lo que obliga a traslados largos y pone en riesgo la supervivencia de los bebés que requieren cuidados intensivos.Esta concentración de infraestructura en grandes ciudades mantiene una brecha histórica entre zonas urbanas y rurales, donde la oferta de servicios sigue siendo insuficiente.El panorama se da en medio de un uso creciente de los servicios de salud, con más personas acudiendo a consultas, urgencias y hospitalizaciones. Sin embargo, el aumento en la demanda no se refleja en una mejor experiencia de atención.Por el contrario, los indicadores muestran un sistema bajo presión que responde con demoras, menor capacidad instalada y sobrecarga administrativa que termina trasladándose a los pacientes.A esto se suma un gasto de bolsillo que continúa en ascenso y que ya supera niveles críticos en varios departamentos, una señal de que más familias están asumiendo costos que deberían estar cubiertos por el sistema.El reto, según Así Vamos en Salud, es adoptar decisiones basadas en evidencia que permitan mejorar la oportunidad y la equidad del acceso, especialmente en regiones donde la ausencia de servicios materno-neonatales expone a la población a mayores riesgos. Mientras tanto, el aumento de PQRS y la reducción de camas esenciales mantienen encendidas las alertas en el sistema de salud.
Poco a poco se han ido conociendo las identidades de las 9 víctimas fatales de la intoxicación masiva con licor adulterado en el centro de Barranquilla. Una de estas personas es Nicolás Manuel Medrado, el hombre señalado por la Policía como la el que fabricó y vendió el llamado ‘Cococho, que no es más que una peligrosa mezcla de restos de whisky con alcohol de madera.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana informó que Nicolás fue el primero en perder la vida.“La primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y la que distribuyó el licor. Logramos llegar al lugar, sitio en condiciones lamentables de salubridad”, informó el general.Entre las otras víctimas identificadas está Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Varga y Ever Miranda Orozco, quienes se dedicaban a las ventas ambulantes, descargando camiones y otros al reciclaje. Dos víctimas permanecen sin identificar: Ellos son un hombre encontrado en el barrio Universal y una mujer hallada en el barrio Rosario.Las autoridades reportaron que cuatro personas siguen luchando por su vida en una UCI y dos más están bajo observación por posible intoxicación.Anibal Rivera Brochero, es uno de los pacientes críticos. Su hermano Elías Manuel señala que era común que Aníbal se quedara en el sector del Boliche tomando toda la noche.“Mi hermano se queda tomando ahí en el Boliche toda la noche y llega ya entre 2 o 3 de la madrugada a dormir en el mercado, en un en un parqueadero”, contó Aníbal.Quien también lucha por su vida es Rafael Eduardo De Alba, un mecánico que según su madre, María del Carmen Ramírez, solía tomar con frecuencia ‘cococho’ con sus amigos en el Boliche. La mujer cuenta que su hijo está con visión borrosa.“Yo me siento mal porque él está mal ahí, porque me dijeron que estaba mal, lo están reanimando. Él siempre ha tomado ese tipo de trago. Nunca ha pasado nada, primera vez que ocurre esta intoxicación. Cuando él vino al hospital hablaba, por ahora no habla y está bastante mal”, lamentó María del Carmen.En medio de un recorrido que realizó Blu Radio por el sector del ‘El Boliche’, en pleno centro de Barranquilla, se conocieron detalles de la forma en como se comercializa, sin ningún tipo de control, esta bebida alcohólica en el sector.Habitantes de la zona que prefirieron guardar la reserva de su nombre, contaron que es fácil comprar una de estas botellas, pues solo debes tener entre $2.000 y $12.000 para que se te lleves una. El valor varía de acuerdo a la calidad del producto que es fabricado, dicen los ciudadanos, por un hombre al que apodan el ‘Químico’.
Fue capturado en el barrio Castilla de Medellín Cristian Alexis González gallego, alias 'Lámpara', el padrastro del niño de cuatro años de edad que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín tras una golpiza propinada por este adulto.El alcalde Federico Gutiérrez informó que el hombre hace parte de la estructura criminal 'Los Mondongueros'. ”Debe ir a la cárcel”, dijo el mandatario.“Le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir, y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar, y este tipo lo agredió brutalmente. Quiero darle las gracias a nuestra Policía, quiero darle las gracias a la Fiscalía General de la Nación porque actuaron en tiempo récord”, destacó Gutiérrez.El caso ha generado indignación en la ciudad desde que el pequeño ingresó de urgencia, con múltiples contusiones en la cabeza y el tórax, al Hospital Infantil Concejo de Medellín, motivo por el que tuvo que ser trasladado a otro centro asistencial de mayor nivel.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, se refirió al estado de salud del pequeño y al acompañamiento por parte de las autoridades.“Según el reporte, el personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico, profesionales de Policía del grupo de infancia y adolescencia, en coordinación con Policía Judicial, se encuentran con la madre del menor de edad para recepcionar la denuncia y recolectar los elementos materiales de prueba que permitan identificar, capturar y judicializar a él o los responsables de este lamentable hecho”, detalló Castaño.Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró a través de su cuenta en X que el niño está en una unidad de cuidados intensivos, donde lucha por su vida.“La situación del niño de 4 años de Medellín y del adolescente de Yarumal no solo es crítica para el niño es para todos, si no criamos niños amados no vendrá La Paz. El niño en UCI y para que la vida dé una oportunidad”, indicó la directora.Justamente, sobre ese punto, hay que decir que este es el segundo caso reciente de maltrato contra menores de edad, pues esta semana quedó registrado en video una brutal golpiza de un padre a su hijo de 16 años en zona rural de Yarumal. Para ese caso, las autoridades del departamento confirmaron que está bajo investigación de la Policía Antioquia para que se avance en el proceso judicial en su contra.
Un cuerpo inerte tendido sobre el asfalto, Richard Virenque celebra su victoria sin imaginar el drama acontecido unos kilómetros más atrás: son las imágenes que permanecen en el recuerdo 30 años después de la muerte del italiano Fabio Casartelli sobre la carretera del Tour.Al igual que este viernes, la ronda francesa se encontraba en Los Pirineos el 18 de julio de 1995, para una 15ª etapa que llevaría a los corredores, entre ellos el maillot amarillo Miguel Induráin, de Saint-Girons a Cauterets.El día es soleado cuando el pelotón corona a buen ritmo el primer puerto de la jornada, el de Portet-d'Aspet, y comienza el descenso. Son las 11h45.En una curva a la izquierda, cuatro corredores se van al suelo: el alemán Dirk Baldinger, el francés Dante Rezze y los italiano Giancarlo Perini y Fabio Casartelli, el que parece más afectado.En las primeras imágenes se ve al campeón olímpico en Barcelona 1992 -que no lleva casco (no era obligatorio en la época)- tendido en el suelo, sin moverse, cerca de unos bloques de hormigón que delimitan el asfalto de un precipicio.Imágenes sensibles: El médico del Tour Gérard Porte no tarda en llegar, pero el corredor del equipo Motorola, que acababa de cumplir 25 años, no se levantaría nunca más: es trasladado en coma al hospital de Tarbes, donde fallece como consecuencia de "un traumatismo craneal y facial".Este es el video de la mortal caída de Fabio Casartelli Era el primer corredor fallecido en el Tour desde el británico Tom Simpson en el Mont Ventoux en 1967.La dirección anuncia la terrible noticia poco antes de las 15h00, pero los corredores, que no disponían de micrófonos, no se enteraron hasta la meta, donde Richard Virenque celebró su victoria, ajeno a lo sucedido.Un velo de pena recubre la carrera, y la etapa del día siguiente es neutralizada. Los compañeros de Casartelli rebasan la línea de meta en Pau al frente del pelotón.Tres días después del drama, Lance Armstrong ganaría la 18ª etapa en Limoges apuntando con el dedo al cielo en homenaje a su compañero fallecido.Un monumento en memoria de Fabio Casartelli fue erigido unos meses después en el puerto Portet-d'Aspet, en el lugar de la tragedia.La Unión Ciclista Internacional (UCI) haría obligatorio el uso del casco ocho años después, en 2003, después de la muerte de otro corredor, el kazajo Andrei Kivilev, durante la París-Niza.
A través de un comunicado, la Universidad del Valle confirmó la muerte de una de las estudiantes que resultó lesionada en medio de un ataque que se registró el pasado 8 de mayo al interior del campus La Carbonera, en la sede del municipio de Palmira, por parte de un joven quien ingresó con un arma de fuego a sus instalaciones y, tras protagonizar el atentado, él mismo se disparó.La víctima fue identificada como Sirley Vanessa López Loaiza, de 22 años, quien cursaba octavo semestre del programa académico de Licenciatura en Literatura. Según las autoridades, la estudiante recibió uno de los disparos durante el ataque en la universidad."Esta muerte es producto de las violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida, que atentan contra la misión sagrada de la Universidad y sus recintos, que deben ser espacios de paz y respeto de la existencia. Se reitera el llamado para que este triste día se convierta, como tributo a la memoria de Sirley Vanessa, en un momento de duelo y reflexión", dice el comunicado.La otra víctima, una estudiante de 19 años de la carrera de Contaduría Pública, en este momento se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Palma Real de Palmira, con graves lesiones. Según las autoridades, el sujeto tenía como objetivo asesinarla a ella, por un tema personal y sentimental."Ella se encuentra en estado crítico y en estado reservado, luchando por su vida, luego de esta agresión por arma de fuego. Todos los palmiranos, la institucionalidad, el Ministerio Público, nos encontramos orando y en solidaridad con los estudiantes y con las familias de estas dos mujeres en este lamentable caso: ya una de ellas muerta y la otra en la clínica", señaló Willian Andrey Espinoza, personero de Palmira.Por estos hechos, Víctor Ramos, alcalde de ese municipio, convocó a una mesa técnica que se realizará este 12 de mayo, con estudiantes, entidades de Derechos Humanos (DD. HH.) y diferentes áreas de la administración, para tomar decisiones que permitan proteger a la mujer y a los estudiantes, mientras que las puertas de la universidad permanecen cerradas y las clases suspendidas, como medida preventiva de las directivas académicas.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
La reforma tributaria de Bogotá avanza en el Concejo Distrital con uno de sus componentes centrales ya aprobado: la sobretasa al alumbrado público, un nuevo cobro que recaerá sobre los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como sobre inmuebles comerciales, industriales y financieros. La medida busca garantizar recursos durante los próximos 10 años para modernizar el sistema de iluminación de la capital, pero ha generado reparos entre sectores como los centros comerciales, que advierten sobre un posible incremento de sus costos.La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la propuesta hace parte de una transformación del sistema de alumbrado público hacia un modelo que incorpore tecnología, sensores y cámaras, además de herramientas para mejorar la movilidad y responder ante situaciones como incendios o inundaciones.“Lo que nosotros le estamos apostando acá es a transformar la ciudad y transformarla a partir de una columna vertebral que es su alumbrado”, señaló Cadena durante una entrevista con Mañanas Blu.La funcionaria explicó que actualmente el alumbrado público se financia con recursos ordinarios del Distrito, es decir, con recursos que hacen parte del presupuesto general. Con la nueva sobretasa se busca establecer una fuente específica de financiación que no pueda ser destinada a otros sectores.¿Cuánto se pagará por el alumbrado público en Bogotá?De acuerdo con las estimaciones entregadas por la Secretaría de Hacienda, el cobro comenzaría a aplicarse a partir de 2027, siempre y cuando la reforma tributaria sea aprobada en su totalidad por el Concejo de Bogotá.Para los predios residenciales, el promedio estimado sería de $133.000 anuales para el estrato 4, $227.000 para el estrato 5 y $348.000 para el estrato 6. En términos mensuales, la Secretaría de Hacienda ha calculado aproximadamente $11.000, $19.000 y $29.000, respectivamente.La sobretasa también alcanzaría a otros tipos de predios. El promedio anual estimado sería de $807.000 para inmuebles comerciales, $1.672.000 para industriales, $2.342.000 para financieros, $577.000 para lotes y $2.400.000 para predios dotacionales.La medida, sin embargo, contempla mecanismos para proteger a propietarios que no tengan capacidad de pago. Cadena explicó que los propietarios de predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 que estén clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén podrán acceder a una tarifa de cero pesos. También se contemplan excepciones para predios comerciales cuyos propietarios carezcan de capacidad de pago, en los casos establecidos, y para establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.“Hemos tenido el cuidado (...) de buscar que este cobro, pues si bien significa un esfuerzo para todos, sea muy cuidadoso en no afectar a quienes menos capacidad de pago tienen”, afirmó la secretaria de Hacienda.Bogotá busca modernizar su alumbrado públicoUno de los argumentos de la Administración Distrital para defender la sobretasa es la necesidad de pasar de un sistema tradicional de iluminación a uno de carácter inteligente. Según Cadena, la modernización permitiría implementar sensores, cámaras y sistemas de telegestión, con los que sería posible detectar fallas de manera remota y optimizar el consumo de energía.“¿Qué queremos? Telegestionar nuestro alumbrado. Eso genera eficiencias, ahorro en consumo de energía, y los recursos para eso ya van a estar determinados”, sostuvo. La funcionaria también explicó que la reforma tributaria no define quién será el operador del servicio de alumbrado público. Actualmente, buena parte de la infraestructura está relacionada con Enel, en el marco de un convenio que lleva cerca de 30 años.El contrato vigente, según la secretaria, llega a una etapa de cambio a finales de noviembre. La definición del nuevo esquema contractual corresponde al proceso que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el Distrito. Cadena señaló que uno de los objetivos será garantizar que las inversiones que haga Bogotá sobre la infraestructura queden para la ciudad.Centros comerciales advierten por aumento de costosMientras la Administración Distrital defiende la sobretasa como una fuente de financiación para modernizar Bogotá, los centros comerciales han expresado su oposición al mecanismo de cobro.Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, cuestionó que la sobretasa se calcule sobre el avalúo catastral y no sobre el consumo efectivo de energía: “La sobretasa (...) en este caso en particular es un 1% sobre el valor del avalúo catastral”, explicó Betancourt, quien considera que los avalúos de algunos inmuebles comerciales en Bogotá pueden generar cargas tributarias elevadas.El dirigente puso como ejemplo locales con avalúos de hasta $60 millones por metro cuadrado. Según su explicación, un local de 100 metros cuadrados podría representar un avalúo de $6.000 millones y, bajo el cálculo planteado, una sobretasa de $60 millones.Para Betancourt, esta situación puede generar una presión adicional sobre establecimientos que ya enfrentan elevados costos de operación: “Yo creo que no estamos para más impuestos, estamos en un momento en el que hay que recuperar actividad, preservar empleo, seguir trabajando en construir oportunidades”, manifestó.Acecolombia alerta por posible traslado del costo al consumidorEl representante de los centros comerciales también advirtió que el impacto de la sobretasa podría trasladarse a otros integrantes de la cadena comercial. De acuerdo con Betancourt, algunos establecimientos podrían verse obligados a aumentar precios para compensar el incremento de sus obligaciones tributarias, mientras que otros negocios con menores márgenes podrían enfrentar dificultades para mantenerse en el mercado.“Inevitablemente todo termina en una cadena de traslado de costos. Entonces vamos a tener una presión de inflación por esa vía”, afirmó. El dirigente también señaló que el modelo de cobro basado en el avalúo podría tratar de la misma manera a establecimientos comerciales con realidades económicas diferentes.Como ejemplo, mencionó negocios de accesorios, bisutería o joyería que pueden ocupar áreas similares, pero que no necesariamente tienen los mismos niveles de ventas, arriendos o márgenes de rentabilidad.Reforma tributaria aún tiene artículos pendientesAunque la sobretasa al alumbrado público ya fue aprobada dentro del debate, la reforma tributaria distrital todavía tiene artículos pendientes de discusión. La secretaria de Hacienda explicó que el proyecto contempla 54 artículos, de los cuales 27 habían sido aprobados durante la sesión mencionada en la entrevista. Entre los principales componentes de la reforma están el alumbrado público, las modificaciones relacionadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y los incentivos a la inversión.Sobre este último punto, la Administración Distrital calcula que durante los próximos 10 años Bogotá podría atraer inversiones por más de $70 billones y generar alrededor de 215.000 empleos, de acuerdo con sus propias proyecciones.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
