En audiencias concentradas, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles del método de extorsión atribuido a José Antonio Medina Méndez, alias 'El Apóstol', quien fue enviado a la cárcel como presunto responsable de amenazas a comerciantes y del ataque con una granada contra una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá en 2025.
El procesado es señalado de actuar bajo la modalidad de terrorismo, presentándose como supuesto integrante de estructuras armadas ilegales para intimidar a sus víctimas.
De acuerdo con la investigación, el caso se originó tras la denuncia de dos ciudadanos, hermanos comerciantes dedicados al transporte de materiales en volquetas en Bogotá y Cundinamarca, quienes desde el 12 de julio de 2025 comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que se les exigía el pago de 500 millones de pesos.
Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que el procesado se presentaba como integrante de una estructura armada ilegal para aumentar el temor en las víctimas. Según indicó el funcionario judicial, el implicado “se identificó como miembro del bloque Jorge Suárez Briceño, compañía Isaías Carvajal, de las disidencias de las Farc, de alias 'Calarcá', exigiendo el valor de quinientos millones de pesos para no atentar contra su familia, sus empleados, sus compañeros, y su vida propia. Informa la víctima que ante esta situación sintió horror, terror, por estos mensajes, y trató de no contestar”.
La Fiscalía también detalló que las amenazas se realizaron desde varios números telefónicos y se mantuvieron durante varios meses. Según el fiscal, el procesado “lo sigue presionando con acabar con sus vidas de su familia o sus empleados advirtiéndole que los gastos funerales de su familia y de sus empleados iban a ser más caros que lo que estaban exigiendo, los presionan, hasta el mes de febrero del año 2026”. Estas intimidaciones habrían generado un clima de constante temor entre las víctimas y su entorno laboral.
Dentro del esquema de presión, el ente acusador indicó que el procesado utilizaba herramientas digitales para obtener información personal y financiera de las víctimas. Según lo expuesto en audiencia, el implicado revisaba redes sociales y consultaba registros oficiales para identificar bienes y propiedades.
En ese sentido, el fiscal señaló que “en archivos pdf y con los audios les envían el listado de las propiedades que habían obtenido a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, en esos audios amenazantes, intimidantes, les ordenan que para no atentar contra sus empresas o contra las vidas propias o de su familia debían de comunicarse con ellos y trasladarse al departamento del Meta para el pago de esas 500 millones de pesos que estaban exigiendo”.
La investigación también evidenció que, ante la negativa de realizar los pagos exigidos, las amenazas se intensificaron mediante la vigilancia directa a los inmuebles de las víctimas. Según se indicó en el expediente, “al no haber efectuado los pagos de las exigencias económicas y como medio de expresión ya comienzan a enviarles fotos de las fachadas de su casa, de los talleres, de las bodegas donde guardaban las volquetas”.
Uno de los hechos más graves se registró el 30 de noviembre de 2025 hacia las 11:35 de la noche, cuando se produjo un ataque directo contra la vivienda de las víctimas. Según la Fiscalía, “dos personas que se movilizaban en una motocicleta, como medio de presión para obligar su voluntad, le lanzaron una granada a su inmueble en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, y posteriormente lo siguen presionando”. Este atentado, de acuerdo con la investigación, representó una escalada en las acciones intimidatorias dirigidas a obligar el pago de las sumas exigidas.
Tras el ataque, las víctimas habrían entregado más de 10 millones de pesos con el objetivo de evitar nuevas agresiones. Asimismo, las autoridades indicaron que dentro del proceso investigativo se evidenció que días antes del atentado el procesado se habría desplazado al municipio de San José del Guaviare, presuntamente con el fin de adquirir la granada utilizada en el ataque.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a José Antonio Medina Méndez, alias "El Apóstol", los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico de armas de fuego.
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