Mientras se reactivan obras del Museo de Memoria, Contraloría alerta retrasos y gastos no previstos

La Contraloría General de la República reveló, en una auditoría financiera realizada para la vigencia 2024, una serie de fallas en la ejecución del proyecto del Museo Nacional de la Memoria, una obra pública que tenía como fin crear uno de los principales espacios de memoria sobre el conflicto armado en el país.Allí, la entidad identificó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $2.456.115.667 relacionado con los gastos que la entidad realizó para proteger y mantener la estructura del museo luego de que la obra quedara suspendida e inconclusa.Dichas alertas se conocen este jueves cuando también se reactivaron las obras, según informó el Centro Nacional de Memoria Histórica.El informe identificó retrasos, problemas contractuales y deficiencias en la planeación que han puesto en riesgo recursos públicos y han impedido la finalización del proyecto.El primer hallazgo clave tiene que ver con la suspensión e incumplimiento del contrato principal de obra, firmado en 2020 con la constructora española OHLA por más de $64.000 millones.Según la auditoría, el contrato no logró completarse debido a conflictos entre las partes y a problemas en la ejecución del proyecto, lo que dejó la obra inconclusa. Actualmente el edificio presenta un avance cercano al 78 % en lo físico y aunque las obras se retomaron este jueves, 5 de marzo, las demoras pudieron generar deterioro en la infraestructura ya construida.“Ante el incumplimiento de la firma contratada para el desarrollo del proceso constructivo del Museo de la Memoria desde octubre de 2022 (…) fue necesario adelantar procesos administrativos, jurídicos y presupuestales para la reactivación y continuidad del proyecto (...) La falta de finalización del Museo generó la necesidad de realizar contrataciones y pagos adicionales para salvaguardar la estructura del futuro museo”, detalló el informe.Un segundo hallazgo relevante está relacionado con millonarios litigios judiciales derivados del contrato de obra. La empresa constructora demandó al Estado reclamando cerca de $23.000 millones por perjuicios, mientras que la fiduciaria encargada inició una acción legal contra la empresa por más de $10.000 millones incumplimientos.El tercer hallazgo corresponde a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por más de $10.600 millones en el que la Contraloría busca determinar si hubo daño al patrimonio público en el desarrollo del proyecto, irregularidades en la ejecución contractual, la supervisión de la obra y la administración de los recursos ya asignados.A esto se le suma la deficiente planeación en algunos contratos asociados al proyecto que impidieron el avance del contrato y obligó a liberar los recursos, generando retrasos en el cronograma general del proyecto pues el informe señala que se adjudicó un contrato de urbanismo por cerca de $1.800 millones sin que existieran diseños completos ni aprobados para el sistema de drenaje necesario en la zona.Entre esas labores están además trabajos para proteger la estructura inconclusa del edificio, como el diseño y la instalación de medidas de salvaguarda para evitar que la lluvia, la humedad y la exposición al ambiente deterioraran el concreto ya construido y se pagaron servicios que buscaban mantener y proteger el predio mientras la obra permanecía detenida como lo es la limpieza de grafitis y servicios de vigilancia y seguridad privada para evitar invasiones, robos de materiales o daños adicionales al edificio.“Estos gastos, financiados con recursos del Patrimonio Autónomo Derivado destinado a la construcción del Museo de la Memoria, no habrían sido necesarios de haberse concluido oportunamente la obra, ya que no formaban parte del diseño original del proyecto ni fueron contemplados en el pliego de condiciones, el anexo técnico, el estudio de mercado ni en la oferta presupuestal integral presentada para la ejecución de la construcción”, reseñó el informe.La Contraloría también detectó problemas en la gestión contractual y financiera del proyecto con inconsistencias entre los valores transferidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y los pagos ejecutados así como la celebraron varios contratos adicionales cuya relación directa con la construcción del museo no era clara.“Estas contrataciones no eran requeridas (…) ni fueron contempladas en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en el estudio de mercado, ni en la oferta presupuestal de toda la construcción”, agregó la auditoría.Ante esto, la Contraloría advirtió que estas situaciones representan riesgos para el patrimonio público teniendo en cuenta que la obra inconclusa puede deteriorarse con el paso del tiempo y que los litigios judiciales, si se pierden, llevaría a que el Estado deba pagar millonarias indemnizaciones.