Tras el homicidio de la joven María Camila Potosí y de su bebé, el presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó a su Gobierno priorizar el desarrollo de iniciativas que permitan endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra menores de edad.
En ese contexto, fuentes del Gobierno entrante señalaron que una de las prioridades del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, será evaluar las distintas iniciativas legislativas que buscan fortalecer la respuesta del Estado frente a estos hechos. Entre ellas, se encuentran proyectos orientados a endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra menores de edad, así como propuestas relacionadas con el tratamiento jurídico de adolescentes que incurran en conductas delictivas graves.
Durante los próximos meses, el ministerio analizará el alcance, la viabilidad y la Constitucionalidad de estas iniciativas, con el propósito de determinar cuáles pueden contribuir a mejorar la protección de la infancia y la adolescencia y fortalecer la política criminal del Estado.
Cabe recordar que Cancino ha participado durante más de quince años en las discusiones sobre la necesidad de revisar la respuesta penal frente a los delitos de mayor impacto. En distintos escenarios ha planteado la importancia de analizar el tratamiento aplicable a adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, al considerar que se trata de un debate que debe abordarse con rigor jurídico y técnico.
Asimismo, durante el trámite del Acto Legislativo 01 de 2020 y de la Ley 2098 de 2021, sostuvo que el derecho penal no puede convertirse en la única respuesta frente a la criminalidad, por lo que cualquier modificación normativa debe estar acompañada de políticas efectivas de prevención, atención integral y fortalecimiento institucional.
Este medio conoció, que el Gobierno entrante promoverá un proceso de evaluación y concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás entidades competentes para estudiar las iniciativas existentes y construir una respuesta institucional que combine justicia, prevención y protección efectiva de la infancia y la adolescencia en todo el territorio nacional.
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