El Consejo de Estado anuló el fallo con el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a reparar al exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra por haberlo privado de su libertad.
Esta condena ordenaba que la Rama Judicial y la Fiscalía debían pagar 300 salarios mínimos mensuales vigentes, por daños morales, y más de 43 millones de pesos, por daños materiales, a Ardila Sierra por haberlo privado de su libertad, pues fue acusado del delito de extorsión, pero, posteriormente, fue absuelto por un juez.
“Tras revocar el fallo condenatorio, el Consejo de Estado explicó que las entidades demandadas no incurrieron en acción u omisión que las hiciera responsables del deber de reparar el alegado daño. Sostuvo que la medida privativa de la libertad se ajustó a la legislación penal de la época, que exigía la existencia de al menos dos indicios graves de responsabilidad por parte del indiciado, para proferir ese tipo de decisiones”, se lee en el comunicado.
El Consejo de Estado, al revocar el fallo, salvó la Fiscalía y la Rama Judicial de pagar esta multimillonaria reparación al exgobernador, explicando que la privación de la libertad no fue injusta, sino que tenía una justificación amparada por la ley.
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