En medio de la creciente controversia sobre las actuaciones y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la senadora María Clara Posada fijó su postura frente al requerimiento realizado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, en torno a las críticas dirigidas hacia la magistrada Julieta Lemaitre. En diálogo con Mañanas Blu, la congresista sostuvo que la funcionaria del organismo defensórico carece de atribuciones legales para hacerle esa exigencia y defendió las labores de vigilancia constitucional que realiza el Poder Legislativo.
La respuesta de María Clara Posada a la Defensoría del Pueblo
Frente a la solicitud de retractación sobre sus cuestionamientos a la magistrada Lemaitre, la senadora Posada enfatizó que “la defensora Iris Marín no está facultada para pedirme esa retractación por la ley”. Asimismo, la congresista desestimó que los señalamientos de su bancada correspondan a una animadversión individual contra los integrantes del tribunal de paz.
Publicidad
Al argumentar la legitimidad de sus intervenciones en el Parlamento, la legisladora aseveró que “este ejercicio de control político que nosotros venimos haciendo nada tiene que ver con la magistrada, no es que nos estemos ensañando contra una magistrada en particular”. Posada explicó que las acciones emprendidas buscan revelar cifras e información institucional desconocida: “Estamos es develando poco a poco cifras, datos y elementos que no conocíamos de la jurisdicción especial para la paz que han producido un inmenso malestar en muchos sectores del país”.
Por otra parte, al referirse al papel de la Defensoría y a la imparcialidad que considera debe existir en las instancias públicas, la parlamentaria señaló: “la defensora Iris Marín no tiene autoridad para erigirse como un árbitro ideológico del control político, ni para exigir que nosotros ajustemos nuestras opiniones a la visión que ella tiene de país”.
Cuestionamientos a la imparcialidad y a los resultados de la JEP
La senadora fundamentó su postura manifestando que su labor representa la voz de diversos sectores sociales y de las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, reiteró que “no es una persecución personal, es una lucha y una búsqueda por la verdad y sobre todo por enmendar condiciones que fueron de las garantías de los hombres y mujeres de la fuerza pública que vistieron el uniforme para defendernos y sobre todo de las víctimas que deberían ser el eje y el centro de este proceso”.
Publicidad
Uno de los puntos centrales de la crítica expresada por Posada radicó en el balance judicial de la JEP tras varios años de funcionamiento. Según la congresista, causa insatisfacción ciudadana comprobar que “este tribunal que debía haber dado resultados en 8 años solamente ha culminado con cuatro sentencias en firme, de las cuales tres son contra miembros de la fuerza pública y solo una contra miembros de las Farc que termina en unas condenas restaurativas que son, por decirlo menos, una burla contra las víctimas”.
Avanza proyecto de acto legislativo para la Fuerza Pública
Como desenlace del debate y en el marco de sus funciones constitucionales (citando expresamente los artículos 20, 114 y 133 de la Carta Política), la senadora ratificó que el Congreso de la República continuará con el impulso de reformas legales para modificar las garantías judiciales de los militares y policías.
Publicidad
Al respecto, confirmó la continuidad del trámite legislativo en los siguientes términos: “Nosotros desde el Congreso vamos a seguir adelantando con total determinación el trámite de ese proyecto de acto legislativo que busca devolverles a los miembros de la fuerza pública las garantías que les han sido vulneradas en este oprobioso caso de la JEP”. Con esta iniciativa, concluyó la congresista, se pretende asegurar que los uniformados cuenten con un “juez imparcial” y con pleno respeto al “debido proceso” consagrado en la Constitución Nacional.
Escuche aquí la entrevista: