Dos procuradores judiciales penales de Barranquilla interpusieron una acción de tutela para que el Inpec, Uspec, Fiscalía, Alcaldía y demás autoridades intervengan en la URI y el Centro de Servicios Judiciales, luego que encontraran la presunta vulneración de los derechos de los detenidos en esos lugares.
Según el documento al que tuvo acceso en primicia BLU Radio, hasta el pasado 26 de mayo 39 internos recluidos en estos dos centros transitorios estarían “aguantando hambre” y en condiciones de riesgo ante la COVID-19.
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El coordinador de la URI detalló a la Procuraduría que la alimentación de los detenidos no ha sido asumida por ninguna autoridad local o nacional. Que por el contrario, las familias de los presos se encargan de llevarles alimentos una vez al día.
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El panorama en el Centro de Servicios Judiciales, y que está ubicado en el antiguo edificio de Telecom en el centro de la ciudad, no es muy distinto. El coordinador de este punto informó que tampoco les están llevando alimentación a los detenidos.
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En el documento se informa que en la URI de Barranquilla hay 10 detenidos que presentan síntomas de coronavirus como de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómito o diarrea, por lo que se les tomaron muestras. Además, en estas celdas hay dos hombres con VIH- SIDA y uno con tuberculosis.
En respuesta a esta acción de tutela interpuesta el pasado 26 de mayo, un magistrado del tribunal de Barranquilla ordenó a autoridades en la capital del Atlántico que se reúnan en las próximas 48 horas para revisar la presunta vulneración de los derechos de los detenidos.
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