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Durante la instalación del evento 'Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano', en la Universidad Externado de Colombia, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, planteó diferentes interrogantes acerca de cómo deberán ser sancionados disciplinariamente aquellos funcionarios públicos que son elegidos popularmente.
Aprovechó la inauguración del conservatorio para resaltar la labor de los magistrados de la Corte Constitucional, quienes tendrán que resolver la demanda que llegó al alto tribunal: acerca de la facultad que tiene la Procuraduría para sancionar a elegidos popularmente, pese al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del exalcalde Gustavo Petro.
Cabello nuevamente le dijo a la Corte Constitucional que está pendiente de su decisión, porque en sus manos está decidir si la Procuraduría, por medio de la reforma que se hizo en el Congreso, podrá seguir sancionando a elegidos popularmente.
“Está en buenas manos como lo es la Corte Constitucional, compuesta por magistrados respetados y respetables quienes tienen la dura labor de determinar cuál va a ser el ritmo y la orientación para sanciónales a los funcionarios de elección popular de nuestro país”, indicó Cabello.
Antes de que la CIDH emitiera el fallo del caso de Petro, hoy candidato a la Presidencia, la Procuraduría venía ejerciendo sus funciones de suspender y sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Pero con ese fallo se advirtió que solo los jueces tienen competencia para destituir y sancionar.
Con esa advertencia, la Procuraduría impulsó una reforma ante el Congreso el año pasado, que es la misma reforma que aumentó la planta de la entidad y le dio facultades de jueces. En este momento la Procuraduría está sancionando con esa facultad, pero se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional por una demanda que cuestionó esa potestad que se le dio a al Ministerio Público, porque viola lo dispuesto por la CIDH.
"La democracia tiene reglas que deben ser aplicadas …El mandato popular no puede convertirse en mandato de corso, que piensen que ser elegidos públicamente, les va a permitir hacer lo que quieran o permitirles lo que quieran”, agregó la procuradora, quien además pidió no cuestionar la independencia de la Procuraduría.
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Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también habló en el evento y se refirió a lo establecido por la CIDH.
"La CIDH en su ordenamiento legal, la procuradora ha explicado con base en qué hizo esa interpretación, pero ha reconocido con toda franqueza que no hizo una interpretación literal de la sentencia”, indicó la mandataria distrital.
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