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Este miércoles, 27 de marzo, la Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos en contra de Andrés Alberto Ávila Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por la presunta autorización de millonarios pagos por más de 3.000 millones, lo que generó una desfinanciación en los gastos de funcionamiento de esta entidad.
La delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría avalado la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica correspondientes a $1.500 millones, de bonificaciones por $1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122 millones.
Además, el ente de control también señaló que las partidas no se encontraban presupuestadas y que tampoco fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, por lo que la SAE solicitó la modificación del presupuesto para ese año fiscal.
Por último, para la Procuraduría, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que calificó de manera provisional la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
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