La Procuraduría General de la Nación anunció la designación de una agencia especial en materia de familia y la intervención de un procurador en materia penal para realizar seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad ocurrido en el barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén en el norte de Bogotá.
El seguimiento también revisará el proceso de adopción de tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes se encontraban bajo protección del Estado y que al parecer, serían adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses.
A través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, la Procuraduría busca establecer si durante estos procedimientos se cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento por parte de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPA). Además, se investigará la actuación de los defensores de familia y de los demás funcionarios que serían responsables de los procesos de restablecimiento de derechos y adopción de los menores involucrados.
La Procuraduría General informó que espera los informes de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y el resto de las autoridades para avanzar con el seguimiento del caso. También recordó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como ente regulador de las adopciones en el país, tiene a su cargo la supervisión y vigilancia de las IAPA y de los procesos relacionados con la protección de los menores declarados en condición de adoptabilidad.
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