La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por presunta participación en política durante la campaña de la segunda vuelta presidencial.
Con este proceso, el Ministerio Público busca determinar si el mandatario utilizó su cargo, espacios o recursos institucionales para influir en favor de alguna candidatura.
El origen de este expediente radica en una queja formal interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien señaló a Amaya de haber utilizado su investidura, la imagen institucional de la Gobernación y los recursos del Estado para favorecer de manera directa o indirecta a una determinada corriente política o candidatura.
Los hechos bajo la lupa de la autoridad disciplinaria apuntan a que, durante los períodos correspondientes a la primera y segunda vuelta presidencial, se ejecutaron múltiples actividades institucionales lideradas por Amaya como lo fueron anuncios de inversiones públicas, entregas de recursos económicos estatales, suscripción de compromisos oficiales y la asistencia a eventos masivos en diversos municipios de Boyacá, todos difundidos a través de la página web institucional y la cuenta oficial de Facebook de la entidad.
Con el fin de esclarecer la veracidad de estas denuncias y determinar si se vulneraron los principios constitucionales de imparcialidad, moralidad y legalidad, el Ministerio Público decretó de oficio una serie de pruebas contundentes.
Para ello, le otorgó un plazo de diez días hábiles a la Gobernación de Boyacá para que remita una relación detallada de todos los eventos públicos e inauguraciones en los que participó el gobernador entre el 1 de mayo y el 21 de junio de 2026, junto con las copias exactas de las publicaciones realizadas en sus cuentas institucionales de Facebook, X, Instagram y YouTube.
También ordenó certificar el origen y estado de ejecución de los recursos presupuestales que fueron objeto de difusión en esas campañas institucionales y pidió a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la misma Procuraduría para realizar una recolección y análisis forense digital de la evidencia en la web, al tiempo que requirió a la cadena Blu Radio la copia y transcripción de una entrevista concedida por Amaya.
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En anteriores ocasiones, el gobernador Amaya ha rechazado cualquier señalamiento de posible participación en política asegurando que las acusaciones forman parte de la confrontación política propia de la campaña.
La investigación se suma a otros procesos abiertos recientemente por presunta participación en política: según la Procuraduría, son al menos 181 investigaciones contra servidores públicos las que tiene abiertas por presunta participación indebida en política, de las cuales 13 han generado suspensiones provisionales.
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