La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara Agmeth Escaf y ordenó su suspensión provisional del cargo hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien cuestionó las declaraciones emitidas por el congresista durante una entrevista concedida a Blu Radio.
La actuación disciplinaria se originó por expresiones dirigidas al candidato presidencial Abelardo De La Espriella durante una entrevista realizada el 9 de junio de 2026 en Blu Radio. Según el expediente, Escaf manifestó que el aspirante “se está comportando como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones. Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos”.
En la queja disciplinaria, el accionante sostuvo que “la conducta del parlamentario constituye una grave falta disciplinaria, que termina afectando la democracia como un todo, y no solo al movimiento político ‘Defensores de la Patria’ y su candidato Abelardo De La Espriella, y quebranta los deberes éticos y legales del servidor público, como es el trato respetuoso respecto de los ciudadanos”.
Al analizar el caso, la Procuraduría consideró que las manifestaciones del representante podrían hacer parte del ambiente de confrontación verbal que se ha presentado durante la campaña presidencial. En la providencia se indica que “la conducta investigada se enmarca en el escalamiento verbal de descalificaciones e insultos que se vienen dando en la contienda electoral, donde, al parecer, Agmeth José Escaf Tijerino, aprovechando su calidad de alto funcionario del Estado y su facilidad para acceder a los medios de comunicación, irrespetó, al parecer, al candidato presidencial Abelardo De La Espriella”.
El órgano de control también advirtió que existe la posibilidad de que ese comportamiento vuelva a repetirse antes de la jornada electoral. En ese sentido señaló que “la posibilidad de que se repita la conducta investigada es alta, la cual, además, eventualmente puede influir en la ciudadanía, pues la posición social del investigado y sus exposiciones públicas pueden contribuir, con más o menos eficacia, para que se creen ambientes de radicalización y violencia”.
Con base en esos argumentos, la Sala consideró procedente imponer una medida cautelar de suspensión provisional mientras avanza la investigación disciplinaria. La Procuraduría indicó que esta decisión busca evitar la reiteración de la conducta y preservar las garantías durante el proceso electoral, teniendo en cuenta los criterios fijados por la Corte Constitucional sobre las medidas preventivas aplicables a los servidores públicos.
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