En diálogo con Mañanas BLU, el reconocido abogado y catedrático Ramiro Bejarano analizó las implicaciones del reciente fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena al presidente Gustavo Petro moderar sus declaraciones sobre el sistema electoral. Bejarano, quien interpuso la acción popular que dio origen a esta decisión, advirtió sobre el grave riesgo que corre el Estado de derecho ante la negativa del mandatario de acatar las órdenes judiciales bajo la figura de la "objeción de conciencia".
El origen de la demanda: acusaciones sin fundamento
La controversia se originó por las reiteradas afirmaciones del presidente Petro respecto a supuestos fraudes en elecciones pasadas y la gestión de la Registraduría con la empresa Thomas Greg & Sons. Según Bejarano, el mandatario ha sostenido falsamente que el Consejo de Estado ordenó comprar un software específico para evitar que particulares manejaran la información electoral.
"La providencia que se ha dictado el viernes pasado ha establecido que en primer lugar jamás el Consejo de Estado (...) le ha ordenado al gobierno adquirir un equipo de esa magnitud con artificios procesales", explicó el jurista. Bejarano enfatizó que la demanda busca proteger la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Sobre las afirmaciones del presidente, fue contundente: "Usted dijo mentiras cuando se refirió a los pasados procesos electorales porque allí no hubo fraude".
Los límites de la libertad de expresión
Uno de los puntos centrales del debate jurídico es si un funcionario público de alto rango puede escudarse en su derecho a expresarse para lanzar acusacions graves sin pruebas. Bejarano señaló que el tribunal fue claro al delimitar este derecho: "La libertad de expresión del presidente tiene límites, que no es absoluta, que él no puede hacer afirmaciones sin pruebas".
El abogado citó testimonios de expertos en derechos humanos presentados durante el proceso, quienes aclararon que, si bien el presidente tiene libertad de expresión como cualquier colombiano, no puede abusar de ella para desprestigiar instituciones. "Lo que le ha dicho el tribunal (...) es: hágalo con pruebas porque obviamente eso no puede ser sobre la base de empañar el prestigio, la reputación de entidades públicas ni de funcionarios públicos", puntualizó.
Tras conocerse el fallo, el presidente Petro anunció que no lo acataría, invocando una "objeción de conciencia" para evitar lo que él considera una censura. Bejarano calificó esta postura como un absoluto sinsentido jurídico.
"Un presidente ni nadie puede desobedecer las órdenes judiciales. ¿Qué tal, por ejemplo, que entonces aquí las personas que estuvieren condenadas por delitos dijeran que por objeción de conciencia no se someten a la pena privativa de la libertad? Eso es un absoluto disparate", afirmó.
El catedrático advirtió que permitir que un funcionario elija qué fallos cumplir basándose en sus convicciones personales llevaría al país al caos: "Si esa tesis llegara a abrirse paso, pues aquí francamente estaríamos en el reino de la selva. Todo el mundo saldría a decir que está en desacuerdo con las decisiones judiciales".
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