Reforma pensional: conjuez pide a Corte documentos y más tiempo para estudiarlos antes del día clave

Uno de los asuntos coyunturales que deberá resolver la Corte Constitucional este año, sin duda, es la reforma pensional. El último movimiento que se registró allí en el alto tribunal fue una solicitud que elevó el conjuez Carlos Pablo Márquez, escogido por sorteo tras el empate 4-4 sobre la pensional. Lo que pide Márquez es que se le remitan copias de las aclaraciones de voto presentadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y el exmagistrado José Fernando Reyes, o, en su defecto, que se le indique el enlace donde dichos documentos estén disponibles para consulta pública.El conjuez solicitó información detallada sobre el estado actual de las solicitudes ciudadanas de aclaración del auto con el que, en junio del año pasado, se resolvió devolver la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes, así como la existencia de decisiones ya adoptadas frente a esas peticiones.En la misma comunicación, el abogado Márquez pidió que, una vez los documentos estén disponibles, se le conceda un plazo adicional de cinco días para su estudio, con el fin de analizarlos con detenimiento antes de la citación a la Sala Plena, instancia en la que se discutirá de fondo el expediente y en donde se definiría el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El 4 a 4 en la Corte que tendrá que desempatar Carlos Pablo MárquezEl pasado 24 de noviembre, en un intenso debate, la Corte Constitucional no tomó una decisión de fondo sobre la reforma pensional, que está demandada desde julio de 2024. Esto, luego de que prosperara una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal por conceptuar sobre la ley cuando era contratista de Colpensiones. Desde ese momento empezó una carrera contrarreloj para hacer el sorteo del que finalmente salió elegido Márquez.El alto tribunal deberá tomar una decisión sobre la reforma, que ha tenido varios traspiés y muchos desarrollos desde que llegó a la Corte, y que definitivamente ha marcado el pulso entre el Gobierno y la Rama Judicial, concretamente con la Corte Constitucional, que tiene la decisión en sus manos.