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Rodolfo Hernández, inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos por caso Vitalogic

Esta decisión constituye un golpe político para Rodolfo Hernández porque lo deja al borde de la muerte política.

Rodolfo Hernández
Rodolfo Hernández
Foto: Facebook Rodolfo Hernández

La Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, con destitución e inhabilidad general por 14 años debido a su interés indebido en el proceso de asignación del contrato para el manejo de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU.

La Procuraduría determinó que el exalcalde llevó a cabo varias acciones con el objetivo de favorecer la adjudicación del contrato a la mencionada unión temporal.

Según el Ministerio Público, se comprobó que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar. Durante estos encuentros, proporcionó información privilegiada sobre los requisitos que debían cumplir para asegurar la adjudicación del contrato, lo que les otorgaba una ventaja injusta sobre los demás competidores en el proceso de selección.

El exalcalde, según un comunicado de la Procuraduría, sostuvo una reunión en Bogotá con representantes de la compañía, pero no con el propósito de escuchar propuestas, sino para conocer la estructura del proyecto que previamente había solicitado. Durante esta reunión, acordaron designar a la persona encargada de elaborar los términos que asegurarían la selección de la mencionada empresa contratista.

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El Ministerio Público también encontró pruebas de que el exalcalde llevó a cabo acciones para coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Lo instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente con el fin de formalizar el negocio de manejo de basuras.

Así las cosas, Rodolfo Hernández se encuentra ad portas de la muerte política, ya que esta es la tercera sanción que recibe y, de acuerdo con la normativa, la tercera sanción conlleva una inhabilidad permanente. Sin embargo, su situación final quedará determinada cuando el Consejo de Estado decida si revisará o no el caso.

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