El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga emitió sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) y un contratista, todos involucrados en el escándalo de corrupción del caso Vitalogic, ocurrido durante la alcaldía de Rodolfo Hernández Suárez. Los implicados direccionaron de manera irregular un contrato por más de 336 millones de pesos para implementar tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.El contrato investigado, con un valor que superó los 336 millones de pesos, tenía como propósito diseñar e implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de El Carrasco, pero fue adjudicado de forma fraudulenta.Las penas impuestas combinan sanciones de prisión, multas e inhabilidades, según los delitos que cada uno cometió en el proceso de adjudicación del contrato de consultoría 096 de 2016:José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Emab, fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión, e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue hallado culpable de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.Rubén Enrique Amaya Vanegas, quien se desempeñaba como jefe de Disposición Final, recibió una sentencia de 13 años y 1 mes de prisión, junto con una multa de 396 salarios mínimos. Los delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y contrato sin requisitos legales.César Augusto Fontecha Rincón, exjefe de la Sección Jurídica, fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel y una multa de 198 salarios mínimos legales vigentes, por celebración de contratos sin requisitos legales.Abelardo Durán Leyva, exsubgerente Técnico Operativo, deberá pagar una pena de 12 años de prisión y una multa de 198 salarios mínimos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Abigail León Nieves, quien era subgerente Administrativa y Financiera, fue condenada a 12 años y 2 meses de cárcel, también por contrato sin requisitos legales.Por su parte, el contratista Jorge Hernán Alarcón recibió una condena de 19 años de detención domiciliaria debido a su estado de salud, que incluye 118 meses de prisión y una multa de 147 salarios mínimos, por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.La Fiscalía reveló que desde la Emab, bajo la dirección de Barrera Arias, se publicaron seis actas falsas relacionadas con el proceso de selección. Además, el contratista Jorge Alarcón suplantó a dos ingenieros mediante firmas falsas para simular pluralidad de oferentes en el proceso de invitación.Estas acciones permitieron adjudicar el contrato de consultoría de forma amañada a Alarcón, quien posteriormente avaló la propuesta de Vitalogic RSU, a pesar de que la firma no cumplía con requisitos legales como la póliza de garantía, indispensable en cualquier licitación pública.La decisión judicial también determinó que José Manuel Barrera, Abigail León, Abelardo Durán, César Fontecha y Jorge Alarcón no podrán acceder a prisión domiciliaria ni a suspensión condicional de la pena, por lo que deberán ser recluidos en establecimientos penitenciarios bajo custodia del Inpec.
La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que los implicados incurrieron en delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al favorecer la adjudicación de un contrato por más de 336 millones de pesos, cuyo objeto era implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de El Carrasco.Entre los condenados se encuentran el entonces gerente de la Emab, José Manuel Barrera Arias, el jefe de Disposición Final, Rubén Enrique Amaya Vanegas, el jefe de la Sección Jurídica, César Augusto Fontecha Rincón, el subgerente Técnico Operativo, Abelardo Durán Leyva, el subgerente Administrativo y Financiero, Abigail León Nieves, y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.La Fiscalía demostró que los implicados participaron en irregularidades durante la celebración del contrato de consultoría 096 de 2016, cuyo objeto era implementar nuevas tecnologías para el manejo de residuos sólidos en el relleno sanitario de El Carrasco. El contrato tenía un valor aproximado de 336 millones de pesos.Cabe recordar que este escándalo de corrupción, conocido como el caso Vitalogic, también llevó a la condena del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En su fallo, la justicia determinó que Hernández intervino de forma irregular en la planeación del contrato de consultoría 096 de 2016, razón por la cual fue condenado e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de 80 meses. Su participación reforzó la línea de responsabilidad dentro de un entramado de decisiones que favorecieron intereses particulares, en detrimento de la legalidad y la transparencia.Los ahora condenados fueron hallados responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.La audiencia de lectura de la sentencia y definición de las penas se realizará en los próximos días. La Fiscalía reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia.
Rodolfo Hernández fue el primero en compartir entre lágrimas que el cáncer que padeció fue "terminal". Una enfermedad que lo llevó a la muerte este lunes 2 de septiembre de 2024. “Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.Rodolfo Hernández y su cáncer de colonCabe recordar que el excandidato presidencial padeció un cáncer de colon por el cual fue operado a principios de septiembre de 2023 y por el cual estuvo hospitalizado en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Ángulo (CTIC), en Bogotá. Por el mismo cáncer, el exalcalde de Bucaramanga estuvo internado en el Hospital Internacional de Colombia, de Piedecuesta, tras presentar quebrantos de salud.¿Qué hace el cáncer de colon?El cáncer de colon es una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del colon. Estas células se multiplican de forma descontrolada y pueden invadir tejidos cercanos o incluso diseminarse a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático.¿Cómo afecta el cáncer de colon al cuerpo?Obstrucción intestinal: Los tumores pueden crecer y bloquear el paso de los alimentos a través del colon, provocando estreñimiento, dolor abdominal y otros problemas digestivos.Sangrado: Las células cancerosas pueden dañar los vasos sanguíneos, provocando sangrado en las heces, que puede ser visible o no.Pérdida de peso: El cáncer puede causar una pérdida de peso involuntaria, debido a cambios en el apetito, dificultades para comer o mala absorción de nutrientes.Fatiga: La lucha contra el cáncer puede agotar el cuerpo y causar una sensación de fatiga constante.Otros síntomas: Dependiendo de la ubicación y el tamaño del tumor, pueden aparecer otros síntomas como anemia, náuseas, vómitos y cambios en los hábitos intestinales.
Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, falleció este lunes 2 de septiembre, dejando tras de sí una carrera marcada por controversias, especialmente el escándalo de corrupción conocido como el caso Vitalogic, que lo acercó peligrosamente a la cárcel.El caso Vitalogic, uno de los episodios más notorios de corrupción en Bucaramanga, involucró a Hernández en un contrato de asesoría valorado en 344 millones de pesos. Según la Fiscalía, Hernández habría favorecido a la empresa Vitalogic RSU, presuntamente para beneficiar a su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros. Este contrato, identificado como el número 096 de 2016, surgió de una reunión secreta en la residencia del entonces alcalde, donde se discutieron detalles clave de la licitación.La reunión, celebrada entre junio y julio de 2016, contó con la participación de José Manuel Barrera, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), y Jorge Hernán Alarcón, ingeniero químico encargado de redactar los pliegos de licitación. Hernández justificó la presencia de Alarcón en su hogar alegando que "quería ahorrarle el hotel", pero esta explicación no fue suficiente para desviar las sospechas de manipulación del proceso.El escándalo cobró mayor relevancia cuando Blu Radio reveló detalles aportados por Luis Andelfo Trujillo, un testigo clave que implicó a Luis Carlos Hernández en la recepción de una comisión ilegal de 666.000 dólares. Según Trujillo, la comisión estaba dividida en tres partes correspondientes a tres plantas propuestas en el contrato, cada una con un pago de 660.000 dólares.Las investigaciones de la Procuraduría encontraron pruebas suficientes para acusar a Rodolfo Hernández de prácticas corruptas, calificadas como una falta gravísima por interés indebido en la celebración de contratos. Se le acusó de haber tenido contacto directo con representantes de la tecnología a implementar, lo que les otorgaba una ventaja indebida sobre otros competidores.Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la presión que Hernández ejerció sobre el director jurídico de la EMAB para "omitir las reglas de contratación", un acto que evidencia un intento deliberado de manipular los procesos administrativos en beneficio propio y de su familia. Su hijo, Luis Carlos, alegó haber sido engañado, postura que su padre respaldó, aunque sin lograr convencer a las autoridades.La situación legal de Rodolfo Hernández se complicó con la posibilidad de enfrentarse a prisión. La decisión sobre si cumpliría su condena en prisión o bajo arresto domiciliario, debido a su estado de salud, estaba programada para el 13 de junio. Este caso subraya la necesidad de transparencia y ética en el ejercicio de funciones públicas.El escándalo Vitalogic ha dejado una mancha en la carrera de Rodolfo Hernández, quien justificó su comportamiento diciendo que "quería ahorrarle el hotel" a Alarcón, un argumento que no ha sido suficiente para exonerarlo. Este episodio continúa siendo un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrentan las instituciones colombianas en su lucha contra la corrupción, y su desenlace podría tener profundas implicaciones en la percepción pública de la integridad de los funcionarios en Bucaramanga.Más escándalos:Rodolfo Hernández debió pagar 41 millones por insultar al exalcalde de Floridablanca Héctor MantillaEn diciembre pasado una nueva sanción de la Procuraduría se conoció en contra del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por insultos y ofensas contra el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.La sanción correspondió a tres meses de suspensión que para este caso se convertirán en una multa que asciende a $41 millones porque ya está fuera del cargo.El 28 de noviembre de 2018, cuando Hernández, siendo alcalde de Bucaramanga, agredió físicamente al concejal John Claro. Este hecho, captado en video, le valió una sanción de ocho meses y una multa de más de $124 millones.Otro caso está relacionado con insultos dirigidos al veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas. El 26 de octubre de 2018, en el parque Solón Wilches de Bucaramanga, Hernández llamó a Martínez "lavaperros de la política, de los ladrones que se robaron a Bucaramanga". Por este episodio, fue sancionado en agosto de 2023 con cuatro meses de inhabilidad y una multa de $62 millones.Y una tercera sanción se refiere al ingeniero Wilson Motta, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura que supervisaba contratos. Hernández amenazó con despedir a Motta por presuntas prácticas corruptas, pero al no poder probar sus acusaciones, fue acusado de acoso laboral. En marzo de 2019, recibió una suspensión de dos meses por este caso.Durante su administración, Bucaramanga recibió una gran afluencia de migrantes venezolanos debido a la crisis económica y social en el país vecino, ahí estuvo centrada su primera polémica por un discurso que muchos catalogaron de xenófobo.Sus comentarios, a inicios del año 2019, sobre la situación migratoria, donde afirmaba que Bucaramanga se estaba convirtiendo en una "fábrica de hacer chinos pobres" debido al número creciente de partos de mujeres venezolanas, desató una ola de críticas. Su afirmación no solo minimizó la difícil situación de los migrantes, sino que también estigmatizó a una población vulnerable. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos criticaron su falta de sensibilidad y lo acusaron de alimentar la xenofobia en la región.En marzo de 2019, Hernández arremetió contra el cuerpo de bomberos de Bucaramanga, refiriéndose a ellos como “gordos y barrigones” y cuestionando su capacidad para cumplir con sus labores. Estas declaraciones, realizadas en una transmisión en vivo, provocaron una reacción adversa en la comunidad y en los mismos bomberos, quienes se sintieron profundamente ofendidos.Uno de los bomberos afectados, junto con su hija, sufrió daños psicológicos debido al hostigamiento y las burlas que surgieron tras los comentarios de Hernández. En noviembre de 2022, un juez de Bucaramanga ordenó a la alcaldía pagar una indemnización de $45 millones al bombero y su hija. Además, se estableció que el exalcalde debía asumir personalmente esta compensación, lo que significó un revés legal y financiero significativo para él.En agosto de 2019, Hernández se vio nuevamente en medio de la polémica, esta vez por sus comentarios despectivos hacia las mujeres de Puerto Wilches, municipio de Santander. En un ataque verbal hacia su contrincante político, Sergio Isnardo Muñoz, lo comparó con “una prostituta de Puerto Wilches”, sugiriendo que carecía de principios políticos y se vendía al mejor postor.Esta declaración generó un rechazo masivo, no solo en Puerto Wilches, sino en todo el departamento de Santander. Las mujeres del municipio, apoyadas por organizaciones locales, interpusieron una denuncia formal ante la Procuraduría, argumentando que Hernández había ofendido gravemente la dignidad de todas las mujeres del municipio, perpetuando estereotipos negativos.En el año de 2023 la Procuraduría ratificó, en segunda instancia, la sanción contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por tratar mal a un veedor ciudadano en medio de una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en Bucaramanga, Santander.Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga llamó “lavaperros” al veedor Fernando Martínez Arenas, quien le reclamó por la poda de árboles y otras intervenciones en el espacio público.
Fue condenado a 64 meses de prisión al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que perdió las elecciones de 2022 con Gustavo Petro, por corrupción en la adjudicación de contratos cuando era el alcalde de Bucaramanga. En su decisión, el togado señaló que Hernández, de 79 años, fue hallado culpable, como autor directo, del "delito de interés indebido en la celebración de contratos", razón por la cual también fue inhabilitado para ejercer "derechos y funciones públicas" durante 80 meses.El caso Rodolfo HernándezSegún el juez, Hernández es culpable de beneficiar a terceros en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de los residuos sólidos cuando fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, entre 2016 y 2019.El objetivo era que con este contrato su hijo obtuviera beneficios económicos, por lo que Hernández se contactó con los representantes de la empresa que iba a implementar la nueva tecnología en Bucaramanga y les entregó información privilegiada para que tuvieran ventajas en la licitación.Rodolfo Hernández apelaráEl exalcalde anunció que apelará la decisión de este juzgado de primera instancia, y aseguró que lo quieren "agarrar de chivo expiatorio con una sentencia claramente injusta"."A los detractores les conviene mostrarme como corrupto, para igualarme a la ratonera que ha gobernado y gobierna a Colombia, a ellos nunca les pasa nada. Nunca me robé un peso, nunca tuve interés indebido, acudiré a todas las instancias judiciales para demostrar mi inocencia", apuntó Hernández en un hilo de mensajes en su cuenta de X.El excandidato presidencial, que durante la audiencia en la que fue condenado reveló que padece de un cáncer terminal, tenía un interés indebido en la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU.Hernández, un magnate e ingeniero civil, irrumpió en la política nacional al presentarse como candidato a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2022 por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción con propuestas de corte populista.Eso le valió pasar a segunda vuelta, en la que perdió con Petro, actual presidente de Colombia y cuyo mandato finalizará el 7 de agosto de 2026.
A cinco años y cuatro meses de cárcel fue condenado el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el delito de celebración indebida de contrato, esto por el caso de corrupción conocido como Vitalogic cuando Hernández Suárez fue alcalde de Bucaramanga.El excandidato presidencial podrá cumplir esta sentencia con prisión domiciliaria debido a su edad y a la gravedad de su cáncer, que en la audiencia pasada, reveló que estaba en etapa terminal.Tras conocerse la decisión de un juez municipal de Bucaramanga, el excandidato presidencial respondió a la sentencia."Me condenan no por ladrón ni por haberme robado un peso. Me condenan porque violé el derecho disque a la contratación, a la línea que debe tener todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos", dijo el exalcalde.En ese mismo sentido, Hernández Suárez confirmó que apelará la decisión: "Esto es un fallo de primera instancia que dicta un juez, pero vamos a apelar. Mi derecho humano como ciudadano colombiano es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos", agregó.Rodolfo Hernández tiene "dos cánceres"En medio de su respuesta, que duró 13 minutos, el exalcalde de Bucaramanga confesó que tiene "dos cánceres": uno físico y el otro el de la corrupción.
El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, anunció que sus abogados apelarán fallo de juez que lo condenó a más de 5 años de casas por cárcel tras ser hallado culpable del delito de celebración indebida de contratos.“Pues vamos a dejar que el apoderado mío actúe de acuerdo con el código penal para apelar la decisión”, fueron las primeras palabras del excandidato presidencial cuando el juez le dijo que si tenía que decir algo frente a la sentencia en su contra.Después Hernández Suárez afirmó lo siguiente, “Yo creo que es sufriente señor juez el paso que están dando contra mí, entonces ahí está el apoderado y yo confió en el apoderado actuará (…) ya es suficiente señor juez”.La sentencia del fallo contra Rodolfo Hernández contiene 40 páginas con los respectivos considerandos de las partes del proceso que comenzó cuando un fiscal anticorrupción de Bucaramanga tras varios años de investigación llamó a juicio al exalcalde por irregularidades en un contrato en la empresa de aseo, Emab.Blu Radio entrevistó a Luis Andelfo Trujillo, empresario y socio del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, quien entregó detalles sobre el contrato y reveló que sí se pudo haber tratado de un caso de corrupción, teniendo en cuenta el entonces cargo de Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga.Al ser preguntado sobre cómo resultó siendo socio del hijo de Rodolfo Hernández, destacó que todo surgió cuando Hernández era alcalde, "cuando en 2016, que era de alcalde Rodolfo. Pues yo lo llamé y le dije que, pues que qué podíamos hacer por la ciudad, ya que el papá había quedado alcalde. Entonces ahí fue cuando él nos dijo por intermedio de Luis Carlos que necesitaba todo, pero no había dinero, no había dinero en la en las arcas"."Más que todo el veía los dos focos grandes de Bucaramanga, que eran las basuras y los malos olores y pues nos pusimos a la tarea y pues se le consiguió. Se le consiguió una empresa", dijo.Sobre el manejo de comisiones, destacó que él recibía lo propio y argumentó que, por tratarse de una empresa privada, esto no tenía ningún tipo de movimiento ilícito, sin embargo, por tratarse del hijo del alcalde y el mandatario Rodolfo Hernández, esto sí tenía un tinte de corrupción."Hay que verlo de diferentes formas, no en el caso mío. Pues yo soy una persona privada y pues yo puedo recibir el corretaje, él (Luis Carlos Hernández) que es hijo de alguien público. Pues pues sí, Es que ahí sí hay corrupción", afirmó.En ese sentido, resaltó que Hernández y su hijo sabían lo que estaban haciendo.
En audiencia que se llevó a cabo este jueves, 13 de junio, un juez del circuito penal de Bucaramanga leyó el fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el delito de interés indebido en celebración de contrato a título de autor, dentro del caso de corrupción conocido como Vitalogic.Según la lectura del fallo, el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, quien alcanzó a llegar a segunda vuelta, deberá pagar más de 5 años de casa por cárcel.Rodolfo Hernández fue condenado por haberse interesado y presionar en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga.El objetivo de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.En la audiencia que se realizó el pasado 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos donde hicieron llegar la propuesta de Jorge Alarcón. Esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.En dicha audiencia el exalcalde confesó que tiene cáncer terminal y rompió en llanto.“Atendieron mi llamado de que me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández.En varias ocasiones, Hernández Suárez ha informado que apelará la decisión que tome el juez.“Se va a apelar el fallo al Tribunal Superior de Santander y en dado caso se podría llegar hasta la Corte Suprema, la audiencia de mañana se va a escuchar el fallo y la condena que dicta el juez y los hechos en los que se basó para emitir la condena en contra de Rodolfo Hernández”, señaló el abogado Camilo Larios.
El Juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga, Cesar Valencia, emitió fallo condenatorio contra el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por el delito de interés indebido en contratos por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.El excandidato presidencial fue acusado por la Fiscalía de haberse interesado y “presionar” en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga.El juez en una próxima audiencia dará a conocer los años de condena contra Rodolfo Hernández. ¿Por qué condenaron a Rodolfo Hernández?La importancia de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.Según se conoció en la audiencia que se realizó este jueves 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos a través del cual allegaron la propuesta de Jorge Alarcón. En esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.En medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se le sigue al ingeniero Rodolfo Hernández por corrupción en un contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga cuando era alcalde de la capital de Santander, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.“Atendieron mi llamado de que me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández llorando y en medio de la audienciaLa defensa de Rodolfo Hernández, el abogado Jorge Ruíz, también se refirió a la reunión que según la Fiscalía mantuvo el exalcalde con el contratista Jorge Alarcón en su apartamento.“Esa prueba nunca se presentó, nunca se probó que se reunieron, a pesar de que en los alrededores del apartamento hay cámaras de seguridad y registro de visitantes del edificio. La Fiscalía no presentó pruebas sobre esto”, señaló el abogado defensor Jorge Ruíz.El testigo ‘estrella’ que tiene un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía contra Rodolfo Hernández fue el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.José Manuel Barrera aceptó seis delitos y se comprometió a entregar información importante a la Fiscalía sobre cómo fue el entramado que se habría creado en la Alcaldía de Rodolfo Hernández para adjudicar a la multinacional Vitalogic un contrato a más de 15 años para el manejo de las basuras de Bucaramanga, a través de un pliego de condiciones elaborados por Jorge Alarcón, la persona que ordenó el exalcalde para que fuera contratado en la EMAB.Barrera aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor, en concurso con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros. El exgerente también testificó contra Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, y los exfuncionarios de la EMAB, César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, presuntamente involucrados en este caso, conocido como ‘Vitalogic’.Lea también:La investigación de la Fiscalía también involucra a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exalcalde, quien aceptó que firmó el contrato de corretaje con el contratista de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, Jorge Alarcón, y el empresario Luis Andelfo Trujillo.El corretaje pretendía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología ofrecida por Vitalogic y fue firmado en una notaria de la capital santandereana.Rodolfo Hernández también habría coaccionado a César Augusto Fontecha, director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, para que aprobará la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU en el proceso de contratación con la Emab.BLU Radio en su momento público unos audios en los que Rodolfo Hernández, en el despacho de la alcaldía, 'presionaba' a los asesores jurídicos de la empresa Emab para que viabilizarán el contrato de Vitalogic.Rodolfo Hernández siempre ha señalado que no existe ningún delito porque el contrato con la empresa Vitalogic no se firmó.
En audiencia que se llevó a cabo este jueves, 14 de marzo, un juez del circuito penal de Bucaramanga emitió un fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por interés indebido en celebración de contrato a título de autor dentro del caso de corrupción conocido como Vitalogic. Si bien el juez argumentó su decisión de emitir una condena contra Hernández, explicó que en la sentencia de cuántos años de cárcel deberá pagar el político santandereano se definirá en una próxima audiencia. Rodolfo Hernández podrá apelar esta decisión. El excandidato presidencial fue acusado por la Fiscalía de haberse interesado y “presionar” en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga. La importancia de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.Según se conoció en la audiencia que se realizó este jueves 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos a través del cual allegaron la propuesta de Jorge Alarcón. En esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.En medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se le sigue al ingeniero Rodolfo Hernández por corrupción en un contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga cuando era alcalde de la capital de Santander, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.“Atendieron mi llamado de que me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández llorando y en medio de la audienciaLa defensa de Rodolfo Hernández, el abogado Jorge Ruíz, también se refirió a la reunión que según la Fiscalía mantuvo el exalcalde con el contratista Jorge Alarcón en su apartamento.“Esa prueba nunca se presentó, nunca se probó que se reunieron, a pesar de que en los alrededores del apartamento hay cámaras de seguridad y registro de visitantes del edificio. La Fiscalía no presentó pruebas sobre esto”, señaló el abogado defensor Jorge Ruíz.El testigo ‘estrella’ que tiene un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía contra Rodolfo Hernández fue el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.José Manuel Barrera aceptó seis delitos y se comprometió a entregar información importante a la Fiscalía sobre cómo fue el entramado que se habría creado en la Alcaldía de Rodolfo Hernández para adjudicar a la multinacional Vitalogic un contrato a más de 15 años para el manejo de las basuras de Bucaramanga, a través de un pliego de condiciones elaborados por Jorge Alarcón, la persona que ordenó el exalcalde para que fuera contratado en la EMAB.Barrera aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor, en concurso con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros. El exgerente también testificó contra Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, y los exfuncionarios de la EMAB, César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, presuntamente involucrados en este caso, conocido como ‘Vitalogic’.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
