El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga emitió sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) y un contratista, todos involucrados en el escándalo de corrupción del caso Vitalogic, ocurrido durante la alcaldía de Rodolfo Hernández Suárez. Los implicados direccionaron de manera irregular un contrato por más de 336 millones de pesos para implementar tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
El contrato investigado, con un valor que superó los 336 millones de pesos, tenía como propósito diseñar e implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de El Carrasco, pero fue adjudicado de forma fraudulenta.
Las penas impuestas combinan sanciones de prisión, multas e inhabilidades, según los delitos que cada uno cometió en el proceso de adjudicación del contrato de consultoría 096 de 2016:
José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Emab, fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión, e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue hallado culpable de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Rubén Enrique Amaya Vanegas, quien se desempeñaba como jefe de Disposición Final, recibió una sentencia de 13 años y 1 mes de prisión, junto con una multa de 396 salarios mínimos. Los delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y contrato sin requisitos legales.
César Augusto Fontecha Rincón, exjefe de la Sección Jurídica, fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel y una multa de 198 salarios mínimos legales vigentes, por celebración de contratos sin requisitos legales.
Abelardo Durán Leyva, exsubgerente Técnico Operativo, deberá pagar una pena de 12 años de prisión y una multa de 198 salarios mínimos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Abigail León Nieves, quien era subgerente Administrativa y Financiera, fue condenada a 12 años y 2 meses de cárcel, también por contrato sin requisitos legales.
Por su parte, el contratista Jorge Hernán Alarcón recibió una condena de 19 años de detención domiciliaria debido a su estado de salud, que incluye 118 meses de prisión y una multa de 147 salarios mínimos, por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.
La Fiscalía reveló que desde la Emab, bajo la dirección de Barrera Arias, se publicaron seis actas falsas relacionadas con el proceso de selección. Además, el contratista Jorge Alarcón suplantó a dos ingenieros mediante firmas falsas para simular pluralidad de oferentes en el proceso de invitación.
Estas acciones permitieron adjudicar el contrato de consultoría de forma amañada a Alarcón, quien posteriormente avaló la propuesta de Vitalogic RSU, a pesar de que la firma no cumplía con requisitos legales como la póliza de garantía, indispensable en cualquier licitación pública.
La decisión judicial también determinó que José Manuel Barrera, Abigail León, Abelardo Durán, César Fontecha y Jorge Alarcón no podrán acceder a prisión domiciliaria ni a suspensión condicional de la pena, por lo que deberán ser recluidos en establecimientos penitenciarios bajo custodia del Inpec.
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