La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo sancionatorio relacionado con la muerte de la menor Valeria Afanador, quien fue hallada en un río continuo a la institución después de desaparecer del plantel.
De acuerdo con la decisión administrativa, el establecimiento educativo fue declarado responsable por presuntas omisiones relacionadas con el deber de cuidado, la protección especial que requería la estudiante en su condición de síndrome de Down, y las fallas identificadas en los protocolos institucionales de seguridad y reacción.
El cierre definitivo del colegio se hará efectivo una vez finalice el calendario académico correspondiente al año lectivo 2026. La rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes del 31 de octubre de 2026, un Plan de Reubicación de Estudiantes.
Además, la Gobernación determinó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que esa entidad evalúe los hechos dentro de sus competencias.
Entre las conclusiones del proceso administrativo se estableció que existían deficiencias en los mecanismos institucionales previstos para reaccionar ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante.
Publicidad
El documento señala “Que hay una insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata” y agrega que la situación relacionada con la menor generó “actuaciones improvisadas y desarticuladas por parte de distintos integrantes de la comunidad educativa”.
La decisión también indica que, aunque algunos docentes y funcionarios hicieron referencia a procedimientos generales para evacuaciones y emergencias, durante la investigación no se acreditó la existencia de una ruta institucional concreta para atender situaciones relacionadas con la desaparición o pérdida de ubicación de estudiantes.
Según la Gobernación, el establecimiento tampoco había incorporado en sus instrumentos institucionales un procedimiento específico y suficientemente definido para atender este tipo de situaciones, pese a que se consideró un riesgo previsible dentro de la actividad educativa y de custodia.
Publicidad
Otro de los aspectos analizados fue la cercanía del río Frío. De acuerdo con el documento, la institución había identificado la existencia del afluente, pero el riesgo había sido valorado principalmente frente a posibles inundaciones en zonas recreativas y no frente a una eventual afectación de integrantes de la comunidad educativa.
La decisión también cuestiona la forma en que se desarrolló la búsqueda de la menor una vez se activaron los protocolos. “Los docentes coinciden en que se desplazaron a un punto de encuentro, realizaron llamado a lista de su grupo de estudiantes y voluntariamente algunos docentes y directivos iniciaron la búsqueda sin tener claro quién liderará el proceso”, señala el documento.
La Gobernación agregó que tampoco se habrían organizado previamente las zonas de búsqueda ni se habrían corroborado de manera inmediata los registros de video para establecer cuáles eran las áreas que debían ser priorizadas.
Para la autoridad departamental, estas circunstancias derivaron en una reacción que calificó como tardía dentro del análisis administrativo.
El documento también respondió a los argumentos presentados por la institución durante el proceso. El colegio había señalado, entre otros aspectos, la existencia de un cronograma de vigilancia, personal de seguridad privada y zonas asignadas para la supervisión. Sin embargo, la decisión concluyó que la existencia de esos mecanismos no era suficiente para demostrar el cumplimiento del deber de cuidado.
“No se acogen los argumentos de descargos según los cuales la existencia de un cronograma de vigilancia, de personal de seguridad privada y de la asignación de zonas de supervisión bastaría para tener por satisfecho el deber de cuidado”, señala la decisión.
El documento sostiene que el material probatorio permitió establecer que esos mecanismos no funcionaron en el momento de los hechos y que la menor salió de su aula antes del descanso sin que se detectara oportunamente su ausencia, argumentos que fueron denunciados y alertados por el abogado de víctimas Julián Quintana, desde el fallecimiento de la menor. Además, actualmente una docente y el responsable del aera de vigilancia y seguridad fueron imputados por estos hechos.
Publicidad
“La menor salió de su aula antes del descanso sin control, permaneció sola en zonas recreativas sin que ningún docente de vigilancia advirtiera su presencia, y su ausencia no fue detectada ni reportada de manera oportuna”, indica el acto administrativo.
La Gobernación precisó que el análisis no se centró únicamente en determinar si el colegio contaba formalmente con herramientas de vigilancia, sino en establecer si esas medidas cumplían efectivamente su finalidad de protección y custodia.
“No resulta suficiente el que simplemente se acredite la existencia de herramientas humanas o tecnológicas que apunten al deber de custodia y vigilancia, sino que lo relevante resulta en que tales mecanismos funcionen y logren el resultado para el cual fueron concebidos”, concluye el documento.