Los hechos ocurrieron luego del homicidio del patrullero Diego Felipe Rincón en medio del denominado “Plan Pistola” atribuido al Clan del Golfo. Tras el ataque, la Policía activó un “Plan Candado” y en el sector Las Palmas, cerca del corregimiento de Chochó, interceptó a varios jóvenes que realizaban actividades en motocicleta.
La Procuraduría comprobó que tres jóvenes fueron retenidos y posteriormente trasladados en una camioneta policial hacia la Clínica María Reina de Sincelejo. Durante el recorrido, el entonces teniente coronel Benjamín Darío Núñez habría presuntamente disparado en repetidas ocasiones contra los jóvenes mientras permanecían bajo custodia policial.
El expediente también señala que los informes de Medicina Legal evidenciaron múltiples lesiones y concluyeron que las muertes fueron violentas, asociadas a golpes y disparos con arma de fuego.
“Estos dictámenes concluyeron, desde el punto de vista médico-forense, que la causa de muerte fue, en síntesis, violenta, asociada a maniobras dirigidas a causar dolor y a colocar a las víctimas en estado de indefensión, principalmente como consecuencia de los golpes recibidos y a los impactos producidos por proyectiles de arma de fuego”, señaló el fallo de la Procuraduría.
El Ministerio Público señaló además que este caso concreto debía analizarse bajo una perspectiva de derechos humanos, debido a la gravedad de las afectaciones a la vida e integridad de las víctimas.
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