Proteger la vida de quienes deciden colaborar con la justicia es una de las principales solicitudes que hace Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, ante la Corte Suprema de Justicia, al pedir que se frene su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, por los riesgos que podría enfrentar.
La petición fue presentada ante la Presidencia del alto tribunal después de que el Inpec expidiera una resolución que ordena trasladarlo desde la guarnición militar en la que permanece recluido hasta un centro penitenciario ordinario.
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En la carta de 9 páginas se menciona que esta decisión, del pasado martes 6 de octubre, desconoce dos decisiones judiciales previas. La primera, de agosto de 2024, dispuso su reclusión en una instalación militar ante el peligro que podría correr por su condición de colaborador de la justicia. Posteriormente, en abril de 2025, otro despacho judicial reiteró que debía permanecer en ese lugar para proteger su vida.
A estas decisiones se suma una advertencia de la Fiscalía General de la Nación. En septiembre de este año, una fiscal delegada ante la Corte Suprema pidió que Pinilla y Olmedo López no fueran trasladados, al considerar que ambos son testigos fundamentales en las investigaciones por corrupción en la UNGRD y se comprometieron a declarar contra al menos 23 personas.
En la carta se lee que el Inpec no puede tomar una decisión de traslado sin considerar las órdenes judiciales y los riesgos particulares del exfuncionario. Por esta razón, argumenta que la medida podría vulnerar el debido proceso y poner en peligro sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal.
Además, advierte que mantenerse en condiciones seguras es fundamental para que pueda continuar entregando información y declarar sin temor a posibles represalias, pues la facultad del Inpec para reubicar a las personas privadas de la libertad tiene límites y debe tener en cuenta las circunstancias de cada caso.
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Como respaldo a su solicitud, el escrito enumera varios resultados judiciales relacionados con la colaboración de Pinilla. Entre ellos menciona órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preacuerdos y condenas contra personas vinculadas al entramado de corrupción de la UNGRD.
También destaca decisiones contra personas con fuero, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name y medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes de diez personas y cinco empresas presuntamente vinculadas a este caso.
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Finalmente, le pide a la Corte Suprema promover una coordinación urgente entre la Fiscalía, el INPEC y las autoridades judiciales para revisar la situación y a la par solicitar explicaciones al INPEC sobre las razones del traslado e informar a los despachos judiciales ante los que Pinilla debe declarar sobre los riesgos que, según su defensa, podría enfrentar.