La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia envió el 16 de septiembre de 2026 una carta al teniente coronel Raúl Llano, director de Centros de Reclusión Militar (DICER).
En la misiva, la entidad pidió formalmente no trasladar a Olmedo López y Sneyder Pinilla de los centros militares donde permanecían recluidos, debido a los riesgos para su seguridad y a su condición de testigos de cargo dentro de investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La carta, firmada por la fiscal María Cristina Patiño González, explica además que ambos tienen principios de oportunidad con la Fiscalía, acuerdos mediante los cuales se comprometieron a colaborar con la justicia y entregar información sobre otras personas involucradas en los procesos.
En el caso de Sneyder Pinilla, el principio de oportunidad fue legalizado el 20 de agosto de 2025 y prorrogado el 14 de agosto de 2026. Según el documento, se comprometió a declarar ante jueces y ante la Corte Suprema de Justicia contra 23 personas.
Olmedo López también tiene un principio de oportunidad, legalizado el 29 de agosto de 2025 y prorrogado el 27 de agosto de 2026. Al igual que Pinilla, se comprometió a declarar contra 23 personas ante jueces y la Corte Suprema.
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La Fiscalía recordó que el 31 de agosto de 2024, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías había dispuesto que Pinilla permaneciera en el Cantón Militar de Artillería y que López fuera recluido en el Cantón Militar Caldas. La entidad sostuvo que estas decisiones judiciales tuvieron en cuenta las condiciones de seguridad de los dos colaboradores.
Por esa razón, la Fiscalía solicitó que no fueran trasladados de los centros de reclusión militar, al considerar que su situación de seguridad se agravaba por las declaraciones que entregan dentro de los procesos.
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A pesar de esta solicitud, el Inpec trasladó a López y Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre. Ese mismo día, el presidente Abelardo De La Espriella publicó en sus redes sociales imágenes del traslado y afirmó que había dado la orden. “Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios”, escribió el mandatario.
De La Espriella sostuvo que los recursos involucrados en el escándalo de la UNGRD estaban destinados a atender necesidades como suministro de agua, alimentación y ayuda a familias afectadas por emergencias. También afirmó que en su Gobierno no habría “cárceles VIP” ni privilegios para personas privadas de la libertad.
La defensa de Pinilla rechazó la decisión y pidió dejarla sin efecto. Su abogado sostuvo que existe una orden judicial vigente que establece su permanencia en un centro de reclusión militar y recordó que su cliente decidió colaborar con la justicia.
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En el caso de López, su abogado, José Luis Moreno, cuestionó el traslado y sostuvo que la permanencia en un centro militar no constituía un privilegio, sino una medida de protección ordenada por un juez.
Moreno también advirtió que la vida de Olmedo López podría estar en riesgo en La Picota porque allí podría coincidir con personas contra las que ha declarado. Según el abogado, el exdirector de la UNGRD ha recibido amenazas y enfrentó un supuesto intento de soborno por $13.000 millones para cambiar su versión.
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La defensa también mencionó seguimientos, pérdida de información y amenazas atribuidas a grupos armados ilegales. Moreno señaló que algunos detalles no podían hacerse públicos porque podrían aumentar el riesgo para su representado.
Olmedo López y Sneyder Pinilla son dos de los principales colaboradores de la Fiscalía en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Sus declaraciones hacen parte de varios procesos judiciales y buscan establecer responsabilidades de otras personas relacionadas con el manejo irregular de recursos públicos.
