La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), advirtió que su traslado a la cárcel La Picota compromete su seguridad y desconoce una decisión judicial. José Luis Moreno Caballero, su abogado, dijo en Mañanas Blu que la reclusión en el Batallón Caldas fue una medida de protección ordenada por un juez y no un beneficio. El traslado, en el que también fue incluido Sneyder Pinilla, se hizo en la tarde del martes.
Una medida de protección, no un beneficio
Moreno aclaró que su defendido comparte el principio de que nadie debe tener privilegios. Sin embargo, rechazó que la reclusión en un centro militar pueda calificarse así. “Una medida de protección ordenada por un juez a petición de la fiscalía para un testigo de cargo con riesgo probado no es un privilegio”, afirmó.
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El abogado explicó que el 31 de agosto de 2024 el Juzgado 35 penal municipal de control de garantías dispuso que López permaneciera en el Batallón Caldas. Según Moreno, el propio juez expresó reservas personales sobre ese tipo de reclusión, pero la consideró necesaria para salvaguardar la vida del testigo. También señaló que el 16 de septiembre de 2026 la Fiscalía manifestó que el centro de reclusión militar era el lugar donde debía permanecer López, debido al incremento del riesgo para él y su familia por sus declaraciones.
Ante la objeción de los periodistas de que un batallón no equivale a una cárcel ordinaria, Moreno respondió que dentro de esa unidad funciona un centro de reclusión con los mismos parámetros. “Él no está en un club de oficiales, él no está en donde pueda salir libremente”, dijo, y agregó que allí hay conteo de internos, celda y restricciones equivalentes a las de La Picota.
Amenazas e intentos de soborno
El abogado enumeró hechos que, a su juicio, demuestran el riesgo. Mencionó que a López se le habrían ofrecido 13.000 millones de pesos para que cambiara su versión, situación que él denunció mediante una operación de agente encubierto y por la cual, según Moreno, ya hay personas respondiendo ante la justicia. Añadió que se perdieron 60 cajas en la UNGRD y discos duros en la Presidencia, que hubo seguimientos y que le robaron dos cajas fuertes con información. Dijo también que hay amenazas de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN.
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Preguntado por si alguno de los implicados lo ha amenazado de muerte, Moreno evitó dar detalles. “Hay unos temas que mencionarlos acá puede incrementar el riesgo”, respondió, y remitió a la Fiscalía, que a su juicio tiene datos objetivos sobre las amenazas.
Los “vecinos” de La Picota
Moreno planteó que en La Picota López compartiría espacio con personas contra quienes ha declarado. Citó al presidente del Congreso, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, así como a otros implicados que han aceptado responsabilidad. Recordó además que en esa cárcel fueron asesinados testigos de otros procesos y cuestionó que el Inpec pueda garantizar su protección cuando, según un informe que citó, el ELN ha asesinado a más de 60 personas vinculadas a esa institución.
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Sobre las preguntas de los periodistas acerca de si todos los testigos deberían estar en guarniciones militares, fue enfático: “Cada caso debe ser individualizado, cada caso debe revisarse cuál es su riesgo”.
Colaboración con la justicia
El abogado aseguró que López ha entregado sus celulares y chats y que su colaboración ha tenido resultados. Como ejemplo, citó que hace unos 15 días el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del presidente de la Cámara y del presidente del Congreso. Dijo que López quiere seguir colaborando, pero lanzó una advertencia: “Esperemos que pueda llegar vivo al proceso”.
La defensa solicitó al Juzgado 35 una audiencia inmediata por el presunto incumplimiento de una orden judicial y pidió que se estudien posibles faltas disciplinarias. Moreno cuestionó la Resolución 8041, que justifica los traslados por razones de seguridad sin precisar el análisis hecho frente a López. “Un oficio administrativo no puede estar por encima de una decisión judicial”, afirmó.
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El abogado reclamó garantías procesales: “Aquí no estamos en la época de la Santa Inquisición”. También cuestionó que, mientras en redes se afirma que el traslado busca acabar privilegios, la resolución habla de seguridad. Comparó el caso con el del hermano del expresidente Uribe, quien, dijo, sigue recluido en un batallón. “Acá la igualdad tiene que ser para todos, y ese es el mensaje”, concluyó.
Los periodistas del programa expusieron posiciones distintas. Felipe Zuleta respaldó la decisión del presidente de enviar a los corruptos a centros de reclusión sin privilegios, pero advirtió que López y Pinilla “corren serio peligro” por ser testigos de una presunta organización criminal.