La representación de víctimas en el caso de Ana Lucía González se pronunció luego de la decisión judicial que ordenó enviar a prisión a José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
La Fiscalía confirmó durante las audiencias que la causa de muerte de la niña fue asfixia y señaló que existen elementos relacionados con posibles actos sexuales cometidos en su contra. Por estos hechos, Rojas Lárez fue imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales, a partir de elementos de la investigación y de episodios previos relatados sobre la menor, como la exposición de las partes íntimas del imputado a la víctima.
Daniel Solarte, abogado de la familia y representante de víctimas por parte de Erazo y Solarte Abogados, aseguró que la familia de Ana Lucía permanece afectada por lo ocurrido y destacó la decisión judicial de imponer una medida de aseguramiento contra el procesado.
“La familia de Ana Lucía se encuentra devastada. Si bien recibimos con muy buenos ojos la noticia de la captura del señor responsable de estos hechos y su posterior judicialización, terminando en una medida de aseguramiento, en nada de eso mengua el dolor y la tristeza que siente su familia, porque no fue una muerte normal, no fue una muerte tranquila, sino, por el contrario, se nota que hubo violencia, hubo premeditación”, señaló.
El abogado también explicó que aún están pendientes resultados de Medicina Legal y de los cuerpos técnicos de investigación, que podrían aportar nuevos elementos.
“Algo que fue muy evidente del trabajo de la Fiscalía, incluso lo tuvo en cuenta el juez en su alegación para decidir la medida de aseguramiento, es que, en efecto, estamos a expensas de que Medicina Legal, los cuerpos técnicos de investigación de la Fiscalía, nos entreguen nuevos informes, nueva información pericial, sobre todo corroborada, para poder engrandecer esa acusación contra esa persona que perpetró estos lamentables hechos”, y señaló que estos nuevos elementos podrían permitir una adición a la imputación, particularmente frente a la investigación sobre un posible abuso sexual, una vez se cuente con los resultados de los exámenes forenses que están pendientes.
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Sobre la posibilidad de que otras personas estén vinculadas a lo ocurrido, Solarte indicó que, por ahora, no existe información clara sobre terceras personas, aunque la Fiscalía adelanta verificaciones sobre los lugares en los que estuvo el procesado y analiza información de un teléfono celular que le pertenecía.
“Por el momento, no tenemos información clara sobre terceras personas que hayan intervenido en la materialización de este crimen”, sostuvo el abogado, quien explicó que los análisis del dispositivo podrían aportar información sobre otras personas eventualmente vinculadas a la investigación.
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Finalmente, la representación de víctimas hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para revisar las políticas frente a los delitos cometidos contra menores de edad y planteó que se analice un eventual endurecimiento de las penas.
“No hay ninguna justificación, no hay señalamiento externo que valga frente a la descomposición social, que es evidente en cuanto están siendo nuestros niños el objeto de conductas totalmente reprochables por parte de personas que realmente están desviando su comportamiento hacia estos crímenes atroces”, afirmó Solarte.
El abogado agregó que el mensaje institucional debe ser de “tolerancia 0” frente a estas conductas y sostuvo que, pese al marco legal existente, debe analizarse si las medidas actuales resultan suficientes para prevenir este tipo de delitos.