La Corte Suprema de Justicia conoce de los procesos que se adelanten en contra de los aforados como gobernadores, fiscales delegados ante el tribunal y magistrados a quienes se les imponía una medida de aseguramiento o no se les imponía la que pedía por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, sobre prisión intramural, pero resultaban obteniendo beneficios como detención domiciliaria.“En ese marco, la sala evidenció que el obstáculo que enfrentan las personas cuyo juez natural es la Corte Suprema de Justicia, es que si bien estas tienen a su disposición el recurso de apelación al igual que las personas que no están amparadas por esa prerrogativa, no pueden materializarlo, porque no se le asignó la competencia de resolverlo a la autoridad judicial que tiene la calidad de superior jerárquico del magistrado o la magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”, señala el documento.En este sentido, cuando hay aforados directamente en primera oportunidad, es el magistrado de la sala penal quien conoce del caso, aunque, el aforado tiene derecho a presentar un recurso de apelación.Entonces, el vacío jurídico radica en que no hay una norma que diga qué pasa cuando, en un proceso que se lleva en contra de un aforado, el magistrado concede apelación, pero no hay quien la resuelva.Por eso, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible la norma, pero fue enfática en asegurar que es el Congreso de la República quien está en la obligación de legislar, y mientras eso sucede, la sala penal verificará a qué magistrado le corresponde cada proceso.
El magistrado de Justicia y Paz de Bogotá Manuel Bernal tomó la decisión de sustituir las 57 medidas de aseguramiento contra Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar debe comprometerse ahora a contar la verdad sobre los hechos del conflicto de los cuales tiene conocimiento; además, deberá reparar a las víctimas y comparecer ante la justicia cuando sea requerido.Varias víctimas del paramilitarismo se han pronunciado sobre esta decisión y hay diferentes posiciones sobre el tema. Una de ellas es la de Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina, quien fue asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue, en Sucre."Esto me da a entender como víctima que los bandidos prevalecen más que nosotros las víctimas. Si no ha hablado estando en una cárcel, privado de su libertad, imagínate menos va a hablar estando afuera, ¿hasta dónde vamos a llegar? No estoy de acuerdo con esta decisión errónea, es precipitada hasta que Mancuso hable y diga la verdad", aseguró Paternina.Por su parte, Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, señaló que esta era una decisión decepcionante por parte de la justicia."Con esta decisión se nos arrebata la oportunidad de conocer la verdad de muchos hechos que aún permanecen ocultos y que Salvatore Mancuso conoce, como, por ejemplo, los aliados criminales que por tantos años han gozado de impunidad a pesar de que ordenaron asesinatos, desplazamientos, robos de tierras y sepultamiento de cuerpos de víctimas que hoy las familias aún buscan. Todo esto y más, pero que conociendo el actuar de estos señores de la guerra que siempre han actuado por conveniencia, con esta orden de libertad, ya no hay motivación para decir la verdad, mucho menos para reparar de manera integral a las víctimas", agregó Díaz.Desde la Fundación Forjando Futuros, quienes representan a diferentes víctimas del paramilitarismo, aseguran que esta decisión debe llevar a Mancuso a contar la verdad y asumir un compromiso mayor con quienes se vieron afectados por el conflicto armado."Que anuncie y que nos cuente dónde están todos esos bienes que hoy están en manos de los testaferros y que aún no se han entregado para la reparación de las víctimas", señaló Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.
Hace unos meses el magistrado José Manuel Bernal, ya le había levantado unas medidas. El argumento que ha mantenido la defensa del exjefe paramilitar es que no había motivos para que estuviera privado de la libertad, ya que Mancuso había cumplido una serie de requisitos de Justicia y Paz.Durante la audiencia se mencionaron requisitos como los siguientes:Certificación de buena conductaParticipación en las actividades de esclarecimiento de la verdadEntrega de los bienes para reparar a las víctimasNo se cometieron delitos dolosos posterior al proceso de desmovilizaciónCumplir más de 5 años en un centro de reclusiónPara que se le conceda la boleta de salida al exjefe paramilitar, el Inpec iniciara un barrido de la situación judicial de mancuso en todos los juzgados, tribunales, altos tribunales y organismo de justicia transicional para verificar si aún pesan sanciones en su contra.Una vez realizado ese proceso y se haga la respectiva verificación que se debe hacer en un tiempo estimado de 24 horas, Mancuso podría salir de la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha estado recluido desde su regreso a Colombia tras cumplir una pena en los Estados Unidos.El motivo de su regreso se da por cuenta de la designación del presidente Gustavo Petro como Gestor de Paz, para que cumpla un rol de facilitador del desarme de grupos delincuenciales en el marco del proyecto de Paz Total. Cabe mencionar que actualmente la Corte Constitucional estudia a quién le corresponde juzgar a Mancuso por sus delitos cuando estuvo al frente de las extintas Autodefensas de Colombia. Tanto la JEP como Justicia y Paz reclaman el caso.
La Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar la suspensión que impuesta por el Consejo de Estado contra Altus Baquero, quien fue apartado del cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en el acto de su elección.“La Corte, levantó dicha suspensión y ratificó la validez de la elección del magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, pues los requisitos constitucionales son inmodificables en razón a que la regla contenida en el artículo 232, establece como requisito 15 años de experiencia profesional verificables al momento de la elección”, dice el comunicado del Consejo Nacional Electoral.En la decisión que sacó al magistrado Altus Baquero de su cargo, el Consejo de Estado reconoce que para el momento en que se hizo la inscripción para los candidatos a la vacante de magistrado del CNE, el Partido Liberal postuló al abogado a falta de menos de 10 días para cumplir exactamente con el tiempo requerido.“La sala plena de la Corte Constitucional al decidir sobre la medida cautelar decretada por la sección quinta del Consejo de Estado, consideró que en el caso era necesaria la protección urgente de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a cargos públicos, así como la protección del interés general en cuanto a la dinámica institucional y al cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional Electoral”, dice la Corte Constitucional.
Una mujer en Brasil salió a hablar sobre el suceso que ocurrió el pasado mes de abril, cuando llevó el cadáver de su tío al banco con la intención de cobrar su pensión. Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, protagonizó un episodio que ha causado conmoción y controversia en todo el país.El video del momento se volvió viral en las redes sociales, en el que se ve a Érika llevando consigo el cuerpo de su tío de 68 años al banco para obtener más de 17.00 reales (equivalente a aproximadamente 12 millones de pesos colombianos), correspondientes a un préstamo para el cual necesitaba la firma del difunto.Los trabajadores del banco rápidamente se percataron de la situación y alertaron a las autoridades al notar que el hombre estaba sin vida. Este acto desesperado y perturbador no solo generó un escándalo público, sino que también puso bajo escrutinio la conducta y motivaciones de la mujer.Tras casi un mes tras las rejas, Érika Souza finalmente recuperó su libertad condicional y decidió romper el silencio sobre lo sucedido. En una entrevista, admitió que los días recientes han sido extremadamente difíciles para ella y su familia, especialmente considerando que tiene una hija con discapacidad que depende de ella.Con lágrimas en los ojos, la mujer declaró: "No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy ese monstruo".Además, la mujer explicó que aquel día había tomado Zolpidem, un medicamento recetado para conciliar el sueño, y que posiblemente había ingerido una dosis más alta de la habitual, lo que le causó lagunas en su memoria. "No sé si fue el efecto de las pastillas que había tomado ese día y que tomaba de vez en cuando", confesó.
La Armada Nacional logró, en operaciones en los departamentos de Antioquia y Chocó, la incautación de material como cemento, gasolina y Acpm, afectando actividades criminales de grupos armados que dejan de recibir 2.600 millones de pesos de rentas ilegales.Fueron varias acciones de registro y control adelantadas por la Armada, de manera conjunta con el Ejército y la Policía Nacional, en los ríos y vías que comunica a los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó, donde se incautó 164 toneladas de cemento, 4.957 galones de gasolina y más de 19.000 galones de Acpm, afectando las finanzas de los grupos criminales que delinquen en estos departamentos.En estas regiones de Colombia hacen presencia el ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, por lo que el coronel de Infantería de Marina, Nelson Cano Holguín, jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 1, advirtió que se afectaron enormemente las rentas ilegales de grupos armados ilegales, sacando de circulación este material y afectando la cadena logística de estas organizaciones, especialmente, en Antioquia y Chocó.Ejército incautó siete unidades de minería ilegal en zona rural de San Carlos, Antioquia“Tropas de los Batallones Fluviales de Infantería de Marina 16 y 17 llegaron hasta los municipios de Carmen del Darién y Quibdó en Chocó, Pinillos en Bolívar y Vigía del Fuerte en Antioquia. El material incautado, que de acuerdo con la investigación preliminar sería usado para el procesamiento de alcaloides y actividades de minería ilegal, era transportado sin los certificados de carencia y registro para el manejo de sustancias químicas controladas”, aseguró el alto oficial.Mientras que el material incautado quedó a disposición de autoridad competente, las autoridades advierten que mantienen su ofensiva contra el narcotráfico y las rentas de los grupos armados, para brindar seguridad a los ciudadanos que se transportan por los ríos de esos tres departamentos.
En medio de las manifestaciones que se presentaron durante el jueves en inmediaciones a la Universidad Nacional en Bogotá, fueron varios los hechos de violencia que se registraron en la zona.En videos compartidos en redes sociales, se ve cómo el grupo encapuchados tiran molotov en contra de los miembros de la fuerza público. Este hecho generó una fuerte discusión en redes sociales por la forma en que se desarrollaron este tipo de protestas en la zona, que, según algunos, atentan contra la integridad de los uniformados.¿Qué pide la comunidad estudiantil para la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional?En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver cómo las llamas alcanzan a los uniformados que buscaban repeler a los manifestantes, de los cuales muchos estaban encapuchados.Las manifestaciones que terminaron en enfrentamientos generaron una gran congestión vehicular a la altura de la carrera 30 con calle 45 en Bogotá.Esta no es la primera manifestación en la Universidad Nacional en este mes, pues, el 3 de mayo, sobre las NQS y calle 26 también se presentaron bloqueos por estudiantes de esta institución.”El Gobierno no ha estado a la altura de la situación de la U.Nal”: exmiembro del CSUUna de las principales razones de las protestas que mantienen en paro a la comunidad estudiantil es la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.La comunidad estudiantil reclama que la elección no fue legítima y que no fueron tenidos en cuenta a la hora de elegirlo.
El jueves, 9 de mayo, las autoridades venezolanas reportaron la desaparición de una aeronave con ocho personas a bordo mientras volaba hacia la isla de Margarita, en el estado insular de Nueva Esparta.El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) activó los procedimientos de búsqueda y rescate para localizar la aeronave, que partió a las 15:48 hora local desde el estado Zulia, en la frontera noroeste con Colombia. La aeronave perdió contacto con el radar de comunicaciones aeronáuticas, según explicó el INAC en un comunicado difundido en la red social X.El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que el último punto de referencia de la aeronave fue la isla de San Carlos, ubicada en el norte de Zulia. Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, del Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana y de la Policía de Espacios Acuáticos están desplegados en búsqueda de la aeronave.El 26 de abril, una aeronave tuvo un aterrizaje forzoso en el norte del país, resultando en una persona fallecida y cuatro heridas. Pérez Ampueda informó sobre el incidente sin precisar si las cinco personas a bordo eran el total. La aeronave, que cubría la ruta Los Roques-Valencia, realizó un aterrizaje de emergencia en un sector del norte del país. Militares, bomberos y funcionarios del INAC acudieron al lugar y se anunció una investigación para determinar las causas del accidente.
Más de 100.000 personas han huido de la ciudad palestina de Rafah, donde el ejército israelí amenaza con una gran ofensiva terrestre, para refugiarse en otras zonas de la Franja de Gaza, indicaron este viernes responsables de la ONU.El ejército israelí emitió el lunes una orden de evacuación para la zona este de Rafah, lo que generó preocupación en la comunidad internacional que teme que una ofensiva en esta localidad muy poblada del sur de la Franja de Gaza, donde la ONU estima que había 1,4 millones de personas, en su mayoría desplazados.Israel ataca el este de Rafah y retoma operaciones en barrio de Zeitun, en ciudad de GazaEl Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que más de 100.000 personas ya abandonaron Rafah y la oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) proyectó esta cifra en más de 110.000.El director de OCHA para Gaza, Georgios Petropoulos, afirmó que la situación en este territorio palestino alcanzó un nivel de "emergencia sin precedentes"."La orden de evacuación del gobierno de Israel debido a la operación militar de Rafah, obligó a más de 110.000 personas a desplazarse hacia el norte", declaró el funcionario.Al menos 35 muertos en Rafah en las últimas 24 horas por ataques israelíes"Unas 30.000 personas huyen de la ciudad cada día", indicó Petropoulos que señaló que "la mayoría de estas personas tuvieron ya que desplazarse cinco o seis veces" desde que empezó en octubre el conflicto entre Israel y Hamás, el movimiento islamista que gobierna Gaza.
El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la sentencia de 10 años de cárcel para los policías Jerson Jair Castellanos y Wilmer Torres por su participación en la red conocida como la "Comunidad del anillo", que promovía prácticas de prostitución dentro de la institución.“Analizadas las pruebas en juicio, con base en las reglas de la sana crítica, se advierte que la conducta de los procesados se adecuó al tipo penal por el que fueron acusados. Se probó que los acusados, en uso de la superioridad jerárquica sobre las víctimas, las constriñeron para salir de la Escuela e ir a sitios, en un contexto sexual, a cambio de dinero o dádivas”, dice el fallo del tribunal.Según la investigación de la Fiscalía, durante 2005 y 2006, el entonces coronel Castellanos, quien ejercía como jefe de seguridad en el Congreso de la República, visitaba la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander para entablar relaciones con jóvenes y ganar su confianza. A través de regalos y salidas, los persuadía hacia actividades sexuales. Cinco alféreces, bajo amenazas, se vieron involucrados con Castellanos, quien recibió la pena de prisión por un juez en Bogotá.Por otro lado, el coronel Wilmer Torres, quien ocupaba el cargo de mayor en ese entonces, abusó de su autoridad como jefe de sección en la General Santander para intimidar a las víctimas y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela, permitiendo así los encuentros sexuales auspiciados por Jerson Castellanos. Los abogados de los policías tienen la opción de apelar la decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Se conoció que en las últimas horas se entregó a la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, Juan Carlos Martínez Rodríguez, alias ‘El Hombre del Maletín’ o ‘El Enfermero’, mano derecha del fallecido exsenador Mario Castaño; involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas.¿Quién es 'El Hombre del Maletín’?Es de importancia porque, según la información conocida hasta ahora sobre estos hechos, Martínez tiene todos los secretos sobre este caso que involucra a varios congresistas y altos exfuncionarios del Estado en el aprovechamiento indebido de recursos, asignación de contratos y otros delitos que concluyeron en la condena del exsenador Castaño a 15 años de cárcel.‘El Hombre del Maletín’ hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Mario Castaño. De acuerdo con los elementos de prueba recogidos en medio del caso, habría sido uno de los articuladores principales de una red de corrupción en la que, al parecer, aprovechó su cargo para direccionar contratos públicos en varias regiones del país.Juan Carlos Martínez Rodríguez fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que él mismo se entregara ante la Dirección Especializada contra la Corrupción; un juez de control de garantías legalizó su captura de inmediato y en el transcurso de esta misma semana, según informó la Fiscalía, se realizará la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.Caso Las MarionetasEn enero pasado, la Fiscalía reveló los nombres de los congresistas, excongresistas y funcionarios vinculados al escándalo de 'Las Marionetas', además de Mario Castaño están Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa, Julio César García, Pierre García y Tatiana Vuelvas. También Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío; Anderson González González, Raúl Cardozo Ordoñez, Raúl Cardozo Navas, Raúl Cardozo Nuncira; beneficiados; Gian Carlo Storinio, enlace de Motoa; John Jairo Tejada, enlace de Julio César, Alejandro Noreña, contratista Proyecta Quindío.Le puede interesar:
Dos hombres, un famoso gastroenterólogo y un controvertido empresario, están en el ojo del huracán judicial por un presunto fraude millonario durante la pandemia del COVID-19. El médico Luis Alejandro Orozco Linares y el empresario Pedro José Figueroa Velaides fueron acusados por la Fiscalía y enfrentan la posibilidad de una condena de hasta 18 años de prisión.Según la Fiscalía, todo comenzó cuando el gerente de la empresa Sulink contactó a Orozco en abril de 2020 para comprar 10.000 cajas de guantes de nitrilo por 350 millones de pesos. Orozco, en asociación con Figueroa, prometió suministrar la mercancía. Sin embargo, tras un primer incumplimiento, devolvieron 175 millones de pesos como muestra de buena fe.Pero las promesas no se cumplieron. A pesar de enviar fotos de la mercancía y guías de entrega, solo se recibieron 36 cajas de guantes en lugar de las 10.000 pactadas. Ante las evidencias de estafa, la empresa exigió la devolución del dinero. En un intento por calmar las aguas, Orozco y Figueroa entregaron un cheque por 350 millones de pesos como compensación, pero fue devuelto por fondos insuficientes.La Fiscalía recopiló pruebas contundentes, como correos electrónicos, mensajes y entrevistas, que demostraron el engaño perpetrado contra Sulink. Aunque los acusados no están detenidos, podrían enfrentar una rebaja del 50 % de la pena si aceptan los cargos y reparan a las víctimas.El abogado de Sulink, Mauricio Pava, condenó enérgicamente la acción de los acusados, destacando el daño empresarial, social y humano causado. Propuso el embargo de las empresas involucradas como medida mínima de reparación.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), creada en 2011 para prevenir y responder a emergencias en un país como Colombia, expuesto a catástrofes de todo tipo, está en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción que toca directamente al Gobierno y al Congreso.La UNGRD es una entidad adscrita a la Presidencia y tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos, de manejo casi que discrecional dado el carácter emergencial y social de los asuntos que atiende, lo que hace que esté sujeta a menos controles."La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo atiende desastres no solo naturales y eso la vincula a unos procesos más expeditos de los que suelen tener las demás entidades, entonces la contratación puede hacerse de manera más sencilla y más rápida debido a que hay que atender necesidades mucho más urgentes", dijo Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.Sneyder Pinilla pidió perdón y se comprometió a regresar recursos del escándalo de UNGRDSegún el plan estratégico de la UNGRD para el periodo 2022-2026, "las inversiones hechas por medio del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) durante los últimos años superan los 3,5 billones de pesos" solamente en la ejecución contratos de obra gris."En la UNGRD manejamos ingentes recursos públicos que deben ser cuidados con el mayor esmero", manifestó recientemente el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo en remplazo justamente de Olmedo López, protagonista del actual escándalo.La UNGRD contaba en enero pasado con una nómina de solo 102 cargos pero contrata con numerosos terceros en cualquier parte del país, dependiendo de la necesidad o emergencia que tenga que atender, que pueden ser de grandes proporciones, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, avalanchas o inundaciones, a otras de carácter local."Hay emergencias menores que pueden ocurrir en los municipios, por eso es que la Unidad Nacional de Riesgo tiene unos brazos muy grandes en las regiones y eso es otro de los de los componentes que puede hacer que sea más susceptible a corrupción", agrega Marín.La UNGRD no tiene la información completa del contrato de los carrotanquesDe hecho, Carrillo dijo este miércoles que esa entidad ha sufrido un "saqueo" de sus recursos y que López usó dinero público en la campaña de sus aliados para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año pasado, especialmente en los departamentos de La Guajira, Risaralda y Antioquia. Corrupción extendidaEl caso que ha puesto los ojos del país en la UNGRD tiene que ver con la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio de apoyo en el Congreso las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.El mandatario, que el sábado reconoció su responsabilidad en el nombramiento de López, pidió anoche a la Fiscalía, que investiga este caso, que amplíe su trabajo a los contratos de la UNGRD en los últimos ocho años pues en el país existe "una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano".
Blu Radio conoció apartes de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el pasado 18 de abril.Roa reconoció que recibió a delegados de Fecode y la USO (Unión Sindical Obrera), pero negó recibir aportes de estos dos sindicatos porque tienen personería jurídica y eso les impide aportar a las campañas presidenciales. para la campaña presidencial.Lea también: Petro tras decisión del CNE: “Les solicito rodear pacíficamente los centros del poder”Además, ante la pregunta del delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, de si la campaña recibió aportes de personas como Santander López Sierra ‘El Hombre Marlboro’, el ‘Turco’ Hilsaca y el empresario Christian Daes, Roa lo negó.“La instrucción del presidente fue que no podíamos exceder los topes señalados”, señaló Roa ante la pregunta de Mauricio Pava, abogado del presidente Petro. Agregó que esa fue una de las principales ordenes del entonces candidato, después de evitar la procedencia indebida de recursos.Finalmente, Roa señaló que la campaña tuvo controles y auditorías internas y que todos los partidos de la coalición enviaron auditores por aparte para ejercer control.
Luego de prenderse el ventilador por parte del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Sneyder Pinilla, en donde asegura que fueron varios los congresista que se habrían reunido con Olmedo López para destrabar las reformas del Gobierno, Blu Radio conoció la bitácora de ingresos durante la administración del exdirector en donde fueron varios los legisladores y funcionarios los que ingresaron a la sede en Bogotá. Algunos dicen que solo lo hicieron para recopilar información para debates y otros para buscar recursos para atender sus regiones.Detalles de la bitácoraBlu Radio conoció la bitácora de ingresos de varios líderes políticos, altos funcionarios y congresistas que habrían sostenido una reunión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del entonces director Olmedo López en el periodo comprendido del 2023.Presidente Petro sobre escándalo de UNGRD: “No se van a limpiar con mi dignidad”Algunas las reuniones que han llamado la atención. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2023 llegó al despacho general Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico de la Comisión Séptima del Congreso de la República. Esta reunión habría iniciado a las 9:33 de la mañana, pero tan solo 10 minutos después arribó Alfredo Sade, uno de los hombres más cercanos de Gustavo Petro, en la costa Caribe. Es posible que estas dos personas se encontraron en esta reunión y en el despacho. Ese mismo día y solo una hora y media después, es decir, a las 11:06 de la mañana, ingresó también a la dirección general, la senadora Gloria Inés Flores, también del Pacto Histórico. En octubre también se realizaron dos dos reuniones. La primera con Carlos Julio González Villa, sobre las 12:15 del mediodía, y la segunda con el senador del partido de la U Antonio José Correa Jiménez, desde las 3:53 de la tarde.Por otro lado, el 20 de noviembre de 2023 estuvo en la dirección general de la UNGRD la entonces consejera Sandra Ortiz a las 2:01 de la tarde. Después de 18 minutos, llegó al mismo despacho el representante del partido Liberal Germán Rosso, quien votó positivamente la reforma a la salud. Sin embargo, estas reuniones también pudieron solo ser encuentros para pedir información a la entidad, como lo han afirmado algunos congresistas.
La defensa de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aseguró que en la matriz de colaboración que presentará a la Fiscalía no está o mencionará al presidente Gustavo Petro ni a su hijo Nicolás Petro. Él se presentará este martes, 7 de mayo, ante el ente acusador para presentar su versión sobre la presunta corrupción en la contratación de la entidad nacional que dirigió.Esto fue informado a través de una comunicación emitida por José Luis Moreno, abogado de López. Allí aseguraron que no han publicado nombres y que se mantienen en la intención de cortar la verdad.También se refirieron a las declaraciones en las que, de manera indirecta, el presidente Gustavo Petro se refirió tanto a José Luis Moreno como a su hermano Gustavo Moreno, defensor de Snyeder Pinilla, la otra ficha clave en la investigación."Tenemos que estar listos, dos corruptos están constituyendo, así como hicieron suicidar a un coronel de la Policía y estaban diciendo que lo habíamos mandado matar nosotros, ahora estamos en algo peor de lo cual tenemos que conversar. El que la hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad”, dijo Petro al cuestionar que José Luis Moreno y Gustavo Moreno sean los abogados de Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo por los carrotanques.Presidente Petro sobre escándalo de UNGRD: “No se van a limpiar con mi dignidad”Ante esto, la defensa de López insistió que será quien hablará y entregará las pruebas, no terceros.“Acompañaremos a nuestro protegido siguiendo lineamientos éticos, de transparencia y profesionalismo confiando en la veracidad y autenticidad en los elementos probatorios mostrados a esta defensa y en los hechos narrados por este. (...) Lamentamos y recibimos con profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de Estado o golpe blando, no tenemos ninguna intención política ni mucho menos nos hemos reunido con algún político”, reseñaron en el comunicado.Y es que el abogado Moreno confirmó en Blu Radio que su representado sí intentará tener un principio de oportunidad con la Fiscalía con la información que entregue sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira, que también salpicaría a 15 congresistas.El abogado José Moreno Caballero afirmó que su defendido tiene material probatorio para demostrar la implicación de altos funcionarios del Estado. Además, manifestó que Olmedo López no es el único responsable de este entramado de corrupción y por eso quiere "decir toda la verdad" ante la Fiscalía."El señor Olmedo López, de manera libre y voluntaria, ha decidido solicitar un principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación para contar la verdad, de manera valiente, todo lo que sucedió en la entidad frente a los carrotanques y cuáles son las incidencias, cuáles son los implicados", dijo Moreno,
Luego de cumplirse las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un Juez de Control de Garantías envío a la cárcel a Wilber Honorio Muñoz Burbano, reconocido entrenador deportivo y propietario de una escuela de Triatlón en Neiva.La captura del deportista conocido como Súper H de 43 años se hizo efectiva por funcionarios de la Policía mediante orden judicial, señalado presuntamente de cometer cinco delitos sexuales contra una menor de 13 años hechos ocurridos en los años 2021 y 2023.“Este hombre de acuerdo al material probatorio recolectado, presuntamente, aprovechando su posición de profesor, la autoridad que ejercía sobre una menor de 13 años de edad y la cercanía con la familia de la víctima, habría realizado actos de acoso físico y verbal, hostigamiento con fines sexuales no consentidos por la menor y conductas de actos sexuales violentos y acceso carnal violento desde el año 2021 al año 2023”, dijo el coronel Alexander Castillo, comandante de la policía metropolitana de Neiva.Procuraduría ordenó investigación al exalcalde de Neiva Gorky Muñoz por presuntas irregularidadesDurante la investigación, la Fiscalía pudo establecer que durante las clases de natación le habría realizado tocamientos íntimos a la menor, así como en un desplazamiento en bus hacia la ciudad de Bogotá cuando la víctima iba a participar en una prueba de triatlón de juegos intercolegiados, en mayo de 2023.Cabe anotar, que el acusado en dos oportunidades atravesó el río Magdalena desde el municipio de San Agustín hasta Barranquilla, enseñándoles a los habitantes ribereños de cómo cuidar la arteria fluvial más importante del país.
Blu Radio consultó con diferentes abogados penalistas sobre las posibilidades que hay alrededor de la solicitud de Olmedo López y Sneyder Pinilla de someterse a un principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación luego del entramado de corrupción en la UNGRD y que salpicaría a varios funcionarios del Gobierno.En primer lugar, hay que entender que el principio de oportunidad es un beneficio al que acceden personas investigadas por diferentes delitos que tiene como objetivo entregar información y pruebas sobre un hecho delictivo que permitan esclarecer la verdad y aportar a la justicia.En este escándalo de la UNGRD que empezó por las irregularidades en la compra de los carrotanques en La Guajira y ahora está generando impacto en otros departamentos, hay por lo menos cuatro líneas de investigación.Una le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en el caso de los aforados, Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara; el de los funcionarios que recaen en la Procuraduría, en materia disciplinaria, y la Fiscalía en materia penal y lo relacionado con el principio de oportunidad.Piden renuncia del presidente del Senado Iván Name por escándalo de la UNGRDSobre ese principio de oportunidad, el abogado penalista Santiago Trespalacios planteó que este escenario es atípico por el orden en que se presentaron los hechos. Asimismo, el abogado penalista planteó dos posibles escenarios; un simulando que se otorgue el principio de oportunidad y otro en el que sea negado.“Donde la Fiscalía les diga que no, pues de todas formas la Fiscalía ya tiene mucha información. Entonces, esto es bastante extraño que se haya hecho de esta manera. Estas personas serán llamadas a dar su declaración juramentada, y lo que ellos dirán es, no, yo no voy a hablar porque me puedo autoincriminar”, dijo Trespalacios.Consultamos al abogado Marlon Díaz que nos explicó los requisitos para que se conceda ese beneficio “la Fiscalía no está obligada a dar principios de oportunidad, únicamente cuando se reúnan las condiciones para esa aplicación (...) no basta con que la persona dé su testimonio sino que la información que él entregue no puede ser corroborada no se podrá conceder el principio de oportunidad”.
La Fiscalía entró de lleno en las investigaciones del caso de corrupción que sacude al Gobierno al escuchar a Olmedo López, exdirector la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y principal implicado en la trama por el supuesto robo de recursos de esa entidad y el pago de sobornos en el Congreso.La primera diligencia de López coincidió con la petición a la Fiscalía del presidente Gustavo Petro, que investigue los contratos firmados en los últimos ocho años por la UNGRD, ante la sospecha que puede haber más irregularidades."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía", aseguró el mandatario en una alocución.El periodo que Petro pide investigar en la UNGRD incluyen los dos últimos años de la Presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Durante la jornada de este martes, el presidente del Senado, Iván Name, vinculado al escándalo, negó haber recibido un soborno de 3.000 millones de pesos para apoyar las reformas de Petro en el legislativo, como lo manifestó el viernes pasado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD.Diligencia a puerta cerradaLa diligencia de López se llevó a cabo a puerta cerrada en la Fiscalía, que no ha informado del contenido de la declaración, pero recordó que desde el pasado 2 de febrero realiza una investigación por posibles actos de corrupción en la UNGRD.López, en una grabación enviada a medios de comunicación, prometió contar a la Fiscalía toda la verdad sobre el entramado de corrupción que lo involucra y por el que salió del cargo este año."El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando. Lo único que he pedido es garantías de seguridad para mi familia y para mí", manifestó López y agregó que con esto está "asumiendo un riesgo de muerte".La prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.Name se desmarcaEl caso tomó vuelo el viernes pasado luego que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a Name, del partido Alianza Verde, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas.Sin embargo, Name afirmó en la plenaria del Senado que no recibió soborno alguno y manifestó que no teme someterse a la justicia."No recibí dineros ilícitos, mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo", expresó el senador.Por eso agregó: "Reitero estar dispuesto a atravesar la Plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", manifestó Name en referencia a su condición de aforado.El presidente del Senado manifestó que no ha dado declaraciones a los medios de comunicación porque hay quienes lo han condenado antes de que la Justicia se pronuncie sobre su caso: "eso hace parte de nuestra naturaleza, el anticiparnos a las crucifixiones para después lamentarlas, probablemente"."Aquí y ahora ante ustedes, me sostengo en la justeza y la rectitud de mis actos. Ante la Justicia responderé por lo que se me señale", expresó el político.Sneyder Pinilla también mencionó en la entrevista con la revista Semana a Sandra Ortiz, hasta ayer consejera Presidencial para las Regiones, de quien dijo que hizo de "mensajera" al llevar el dinero a Name, al igual que ella del Partido Verde, tras lo cual la funcionaria renunció a su cargo. También le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro pidió este martes a la Fiscalía investigar los contratos de los últimos ocho años en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), centro de un escándalo de corrupción por el supuesto robo de recursos de esa entidad."Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario en una alocución al país.Los contratos de los últimos ocho años en la UNGRD que Petro pide investigar incluyen los dos últimos de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.Petro reconoció las irregularidades en la UNGRD durante su Gobierno y agregó que "ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción" pues ese delito "está en todos los partidos y en todos los rincones".Escándalo crecienteLa prensa denunció hace varias semanas la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.El caso tomó vuelo el viernes pasado luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, reveló a la revista Semana que utilizó dinero de esa entidad para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.Esto con el objetivo de que impulsaran en el legislativo las reformas sociales del Gobierno de Petro.El presidente colombiano manifestó que el hecho de que la Corte Constitucional tumbara los decretos de emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno había promulgado para atender los problemas de La Guajira, no era "una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos", como pasó con la UNGRD.Igualmente manifestó que la decisión de comprar los camiones cisterna no fue una "directriz" suya, porque justamente el Gobierno buscaba solucionar el problema del agua con los decretos."La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia", añadió el presidente.El escándalo que ha estremecido al Gobierno colombiano motivó la renuncia de la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien según Pinilla, hizo de "mensajera" para llevar las maletas con dinero a Name, que al igual que ella es miembro del partido Alianza Verde.
Blu Radio conoció los chats que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, muestran su conversación con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el 14 de octubre de 2023, en los que se demostraría la cita en el apartamento del congresista en Montería, en donde según Pinilla, le entregó 1.000 millones de pesos en efectivo, por orden de Olmedo López. Esta conversación sería una de las pruebas que entregaría Pinilla ante la Fiscalía este miércoles, 8 de mayo, en medio del escándalo del entramado de corrupción que estalló en la UNGRD. En las imágenes se puede observar que el exsubdirector se presentaría ante Calle y le pediría concretar dónde se encontrarían.Estos chats evidenciarían el lugar de encuentro entre Pinilla y Calle para, según el exsubdirector de la UNGRD, entregarle los 1.000 millones de pesos para, supuestamente, aprobar las reformas del Gobierno Petro. Esta reunión se habría realizado en el apartamento del presidente de la Cámara de Representantes.Asimismo, Pinilla le informaría a Calle que es un enviado de Olmedo López, entonces director de la UNGRD y quien está salpicado en el polémico contrato de los 40 carrotanques de La Guajira.Sobre el mediodía de ese 14 de octubre de 2023, Calle le habría enviado la ubicación del punto de encuentro de esta reunión y el presidente de la Cámara le responde: "Atento a ti".Estos chat serían solo el inicio de las pruebas que tiene Pinilla para entregar ante una fiscal anticorrupción y a una delegada ante la Corte Suprema.Pinilla pide perdónEste martes, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ofreció disculpas públicas por el escándalo que lo vincula junto al exdirector de la entidad, Olmedo López. Esto ocurrió a su salida de la Fiscalía, donde fueron citados hoy, días después de las recientes revelaciones sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos, contratos y otros proyectos de la UNGRD en diversas regiones del país.Es importante destacar que en estas revelaciones se menciona también a varios políticos por presuntos sobornos a congresistas, incluidos el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Pinilla afirmó que se le ha asignado un esquema de seguridad y que también se está evaluando la protección para su familia. Mencionó que durante el interrogatorio de mañana (miércoles), presentará las pruebas relacionadas con el caso que actualmente lo tiene en el centro de la controversia.
El abogado de Olmedo López, José Moreno confirmó este martes 7 de mayo, que tras una serie de versiones, su cliente sí se va a presentar a la declaración juramentada que estaba prevista.Según Moreno, tras un diálogo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se acordó que se iban a prestar todas las garantías para López, quien dice temer por su seguridad.Sobre este caso, fuentes de la Fiscalía confirmaron que intentaron comunicarse varias veces vía telefónica con los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla, y sus abogados, para coordinar sus esquemas de seguridad y surtir los actos urgentes.Sin embargo, solo hubo una sola comunicación con el doctor Moreno, quien manifestó que iba a llegar solo a la diligencia.De momento se desconoce si la diligencia de Sneyder Pinilla, otro de los salpicados en este escándalo, vaya a presentarse de manera presencial a su interrogatorio fijado para miércoles 8 de mayo.
Este entramado de corrupción no para, y cada día se conocen nuevos detalles que aportan a la investigación de la corrupción en el caso de los carrotanques que nunca funcionaron en el departamento de La Guajira.La Procuraduría citó a Luis Eduardo López Rosero, a fin de que declare todo lo que sepa acerca de estos hechos que hoy tienen hablando a todo el país, López es el representante de la empresa “Impoamericana Roger S.A.S” y tendría información importante de cómo fue la compra de los carrotanques.El Ministerio Público señala que el testimonio de este hombre es crucial dentro de las investigaciones en todo este entramado de corrupción, porque él participó como proveedor del proceso de la preveduría representado a la empresa Luket S.A.S, que al parecer está relacionada con la sociedad “Impoamericana Roger S.A.S” que adjudicó el contrato de compra de los 40 carrotanques de La Guajira.Esta diligencia será el próximo jueves 9 de mayo a las 2 de la tarde y Luis Eduardo López, tendrá que asistir presencialmente a la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, la Procuraduría reitera que "se comunicará la fecha de la diligencia a los sujetos procesales, para que, si bien lo consideren, asistan en ejercicio del derecho de contradicción”.¿Quién es Luis Eduardo López, contratista de los carrotanques?Luis Eduardo López Rosero, alias 'el pastuso' nació en el departamento del Nariño, tiene más de 50 años de edad, y lleva más de 15 años como contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde que estaba como director Carlos Iván Márquez.López es actualmente el representante legal de Luket S.A.S, una de las empresas invitadas por el señor Olmedo para participar del millonario negocio de los carrotanques.
La Procuraduría rechaza a estos siete magistrados de la JEP porque, según ellos, conocieron en distintos momentos los procesos que se adelantan en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.En este caso, la Procuraduría, después de impugnar el fallo de tutela que negaba la exclusión de Salvatore Mancuso de la JEP, no quiso admitir a los siete magistrados que conocen el trámite del proceso del exjefe paramilitar.El Ministerio Público dice también que los magistrados no serían imparciales para conocer y decidir sobre el recurso interpuesto en contra de Mancuso.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPLos magistrados que fueron rechazados por la Procuraduría son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, quienes firmaron la resolución que aceptó la inclusión del exjefe paramilitar en la JEP, así como Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo, quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría, fallo que es objeto de la impugnación radicada.Para la Procuraduría no puede asegurarse que en tales condiciones exista objetividad o imparcialidad, en los magistrados que fueron recusados para desatar la impugnación promovida para poder adoptar una posición neutral.Por último, la Procuraduría señaló que se ha causado un grave prejuicio a las víctimas por cuenta de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de acoger el conocimiento de todos los procesos de Salvatore Mancuso.