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En Brasil, la tensión política volvió a escalar en cuestión de horas. Lo que comenzó como una manifestación convocada por uno de los hijos de Jair Bolsonaro terminó desencadenando un operativo urgente de las autoridades para evitar lo que la Corte Suprema describió como un intento de fuga del expresidente. La situación reabre el debate sobre las medidas de control que pesan sobre el exmandatario y el impacto que siguen teniendo sus movimientos en el clima social del país.
Desde que inició el proceso por golpismo, la figura de Bolsonaro ha sido centro de atención mediática y judicial, especialmente después de que el Supremo Tribunal Federal impusiera prisión domiciliaria y monitoreo electrónico ante reiterados incumplimientos de las medidas cautelares. Su entorno político, cada vez más fragmentado y perseguido judicialmente, ha mantenido la polémica a flote.
Según el auto del juez Alexandre de Moraes, el expresidente intentó romper la tobillera electrónica que monitorea sus movimientos exactamente a las 00:08 de este sábado, hora local. El documento señala que la “violación del equipamiento” no solo está comprobada, sino que coincide con una manifestación convocada frente a su residencia por su hijo Flávio Bolsonaro, lo que habría generado el tumulto necesario para facilitar una posible huida.
“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga”, indica el magistrado, quien recordó que otros aliados del exmandatario ya han abandonado Brasil en circunstancias irregulares. Entre ellos menciona a Eduardo Bolsonaro, diputado, y al exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem, quien salió clandestinamente hacia Estados Unidos.
El Supremo ordenó prisión preventiva para “garantizar el orden público”, una medida que no activa aún la condena de 27 años de cárcel dictada en septiembre por liderar una trama golpista destinada a mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
Las autoridades sostienen que la manifestación convocada en la vivienda del expresidente tenía como objetivo obstruir la supervisión policial de su prisión domiciliaria. De Moraes aseguró que la concentración representaba “una alta probabilidad” de entorpecer las medidas cautelares y permitir un eventual intento de fuga.
Bolsonaro, de 69 años, ya había sido advertido por incumplir restricciones previas, y sus recurrentes problemas de salud habían sido utilizados por su defensa para justificar visitas médicas y movilizaciones autorizadas. Sin embargo, los eventos de la última noche cambiaron por completo el panorama judicial.
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Por ahora, el expresidente permanece detenido en una sede policial mientras avanza el proceso, que sigue marcando la agenda política de Brasil y poniendo a prueba la estabilidad institucional del país.
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