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A través de un video en Instagram, el Ministerio de Comunicación indicó que comenzaron los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un "centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", tal como ordenó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales.
"Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez", agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.
Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró este lunes, en rueda de prensa, que todavía hay detenidos en El Helicoide, por lo que dijo que es falso que hayan comenzado trabajos para reestructurar el centro carcelario.
Andreína Baduel, integrante de la ONG, sostuvo que un lugar que encierra "tanto dolor y tanta tortura" no puede ser un centro de recreación por lo que lucharán para que se convierta en un museo histórico de lo que "no tiene que repetirse nunca más en Venezuela".
El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.
La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.
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El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950, que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La sede ha sido señalada como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.
El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
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La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.
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