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La Guardia Civil y la Policía Nacional española han desarticulado una organización dedicada a captar mujeres, en su mayoría jóvenes colombianas, para explotarlas sexualmente en un piso de una localidad próxima a Valencia (este).
Según un comunicado conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las víctimas, en situación de vulnerabilidad y con edades comprendidas entre los 28 y los 25 años, eran captadas en Colombia por colaboradores de la organización criminal, para su posterior traslado y explotación sexual en España.
También captaban a mujeres ya residentes en España, colombianas y venezolanas, ofreciéndoles “plaza” en el piso donde, posteriormente, eran obligadas a ejercer la prostitución.
Durante la investigación se han identificado a un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales seis ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos.
En la operación han sido detenidas siete personas, seis hombres y una mujer, de origen búlgaro, rumano y colombiano.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia el año pasado de una mujer que manifestó haber sido víctima de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía (Valencia, este), y se descubrió que la red pretendía expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en la misma localidad.
Los investigados de origen colombiano, una pareja, se encargaban de captar a las mujeres desde el país de origen con la promesa de que ganarían altas cantidades de dinero.
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Las víctimas eran obligadas a trabajar las 24 horas todos los días de la semana y no podían negarse a atender a los clientes o a la práctica de servicios sexuales.
Las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si estos lo solicitaban, y los investigados también ofertaban entre los clientes que lo solicitaran potenciadores sexuales, como sildonafil o viagra.
La Policía y la Guardia Civil afirman que la organización estaría realizando transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas, y derivando fondos a países como Bulgaria.
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De igual forma, figuraban en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos, destinados también a blanquear los beneficios obtenidos de la prostitución.
Los hombres detenidos tienen entre 35 y 54 años y nacionalidades búlgara y rumana, y la mujer tiene 20 años y nacionalidad colombiana.
Se les atribuyen los delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.
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