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"Voto por la procedencia de la acusación y porque prosiga el proceso" hacia la destitución, dice la conclusión del informe de Anastasia, divulgado por el Senado poco antes de que comenzara la lectura del documento en el seno de la comisión a cargo del juicio político.
Anastasia sostiene en su informe, de 441 páginas, que los delitos fiscales por las que ha sido acusada Rousseff suponen un "atentado a la Constitución" y son irregularidades "de tal gravedad" que, según las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el juicio político, y desde esa fecha la sustituye su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, quien deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
La mandataria responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
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El informe de Anastasia afirma que "el descontrol fiscal" provocado por esas maniobras que alteraron los presupuestos de la Nación "comprometió la sustentabilidad de políticas públicas y servicios fundamentales para la sociedad", al generar un "enorme" desequilibrio en las cuentas del Gobierno.
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Agrega que ese desequilibrio "amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población".
Asimismo, añade que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria, constituyó una "usurpación" de las funciones del Congreso y "violó" los "mecanismos de control" mediante los cuales la sociedad vigila "la gestión del dinero público", que son una "condición en una democracia plena".
El informe que Anastasia presentó ante la comisión, formada por 21 senadores, será debatido mañana y votado el próximo jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.
El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.
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Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, lo cual ocurriría si fuera absuelta.
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Esa última sesión, que se prevé que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.
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