Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump regresar al país a una mujer colombiana que había sido deportada a la República Democrática del Congo, pese a que las autoridades de esa nación africana se negaron a recibirla por razones médicas.
Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, fue expulsada del territorio estadounidense y llevada al Congo, aún cuando existían objeciones oficiales por parte del gobierno de ese país para admitir su ingreso a ese país.
El juez federal Richard J. Leon concluyó que la deportación “probablemente fue ilegal”, debido a que la legislación estadounidense establece que una persona solo puede ser enviada a un tercer país si este acepta formalmente recibirla y el Ministerio del Interior de la República Democrática del Congo habría comunicado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no podía admitir a la colombiana porque el sistema de salud local no estaba en capacidad de atender sus necesidades médicas, pues Adriana María padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, condiciones que requieren atención médica constante y tratamiento especializado.
“El Gobierno la envió a la República Democrática del Congo de todos modos”, escribió el juez Leon en su decisión, citada por medios estadounidenses, al advertir que la actuación de las autoridades migratorias podría haber vulnerado los procedimientos establecidos por la ley.
Adriana había llegado a Estados Unidos en agosto de 2024, huyendo de Colombia por temor a sufrir nuevas agresiones de su expareja, un hombre presuntamente vinculado a la Policía Nacional de Colombia.
De acuerdo con su testimonio entregado a The New York Times, la mujer aseguró haber sido víctima de violencia física y sexual, además de amenazas que la llevaron a abandonar el país buscando protección.
Tras ser detenida por ICE al ingresar a territorio estadounidense, un juez migratorio determinó el año pasado que no podía ser deportada a Colombia debido al alto riesgo de que sufriera torturas o persecución, sin embargo, las autoridades optaron por enviarla al Congo, decisión que ahora enfrenta revisión judicial y podría convertirse en un precedente importante frente a las políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.
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