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"El presidente Zuma devolvió la suma de 7.814.155 rands" (480.000 euros) al Banco central sudafricano tal como había ordenado la Corte constitucional en el caso de su residencia privada, se indica en un comunicado.
A finales de marzo, la Corte Constitucional determinó que el jefe del Estado había violado la constitución al negarse a devolver los fondos públicos utilizados para renovar su residencia privada.
Oficialmente el presidente había justificado el gasto para mejorar la seguridad de la vivienda, ubicada en la zona zulú, en el este del país, pero parte de las reformas incluían la construcción de una piscina, un anfiteatro, un granero y un lugar para acoger a visitas.
La Corte estimó que estas reformas no podían ser consideradas en el marco de la seguridad del jefe de Estado, tal como éste pretendía.
Este caso llamado "de Nkandla" se convirtió para la oposición sudafricana en el símbolo de la corrupción generalizada que reprocha al presidente y a su partido, el Congreso Nacional africano (ANC), en el poder desde 1994 y del final oficial del apartheid.
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