El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado una medida que impactará significativamente los procesos migratorios de 75 nacionalidades, entre las cuales Colombia parece estar incluida, según diversos reportes.
La decisión, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, consiste en la suspensión de la emisión y aprobación de visas de inmigrante (residencia) gestionadas a través de consulados en el exterior.
¿Quiénes se ven afectados?
El abogado experto en migración, Haim Vázquez, aclaró en entrevista que esta medida se dirige exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan la residencia permanente o "Green Card".
"Una visa de inmigrante solamente sería la aplicación de residencia, ya sea por matrimonio, familiar, padre e hijo o por medio de empleo. Cualquier solicitud de visa de trabajo, visa de inversión, visa de turismo, visa de estudiante, no sería afectado bajo este comunicado, ya que son visas de no inmigrante", explicó el experto.
Un grupo particularmente vulnerable son las familias que llevan años en espera.
'Hay un sinnúmero de personas que han esperado, por ejemplo, 15 años para que le llegue ya su cita en el consulado en Bogotá, para que les otorguen la residencia. Esas personas van a sufrir la pausa ahora mismo", dijo.
Lo que no cambia
Es fundamental precisar que la medida no afecta a las visas de no inmigrante.
Los siguientes trámites continuarán con normalidad:
Visas de turismo y negocios, visas de estudiante para maestrías u otros estudios, visas de trabajo (como la H1B o por capacidades extraordinarias) e inversión.
Además, Vázquez subrayó una distinción geográfica crucial: la suspensión solo aplica a trámites que se finalizan en el consulado o embajada fuera de Estados Unidos (como en Bogotá).
"Los únicos procedimientos pausados son los que finalizan en el consulado fuera o en la embajada fuera del país", manifestó.
Contexto político y legal
La administración ha dejado abierta la duración de esta pausa mientras evalúa la situación de "carga pública", lo que podría extenderse desde semanas hasta un año.
No obstante, existe la posibilidad de que se presenten demandas federales que busquen frenar la implementación de la medida antes del 21 de enero.
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