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En agosto de 2024 se vio obligada a dimitir tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión e huida a la India.
La que fue la figura más poderosa del país durante más de una década se enfrenta ahora a un escenario político y jurídico marcado por la incertidumbre, sin precedentes en la historia de Bangladés.
Hasina, de 78 años e hija del ‘padre fundador’ de Bangladés, Sheikh Mujibur Rahman, es la líder histórica de la Liga Awami y la primera ministra que más tiempo ha gobernado el país.
En agosto de 2024 se vio obligada a dimitir tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que precipitó su dimisión el 5 de agosto del año pasado y su posterior huida a la India, donde permanece desde entonces.
La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.500 personas murieron durante la denominada “Revolución de julio”, tras la cual asumió un Gobierno interino encabezado por uno de sus más firmes opositores durante sus años de gobierno, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.
Hasina ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, incluyendo la organización de asesinatos masivos de manifestantes, el uso de fuerza letal desde tierra y aire, el asesinato de personas concretas y la coordinación de persecuciones en distintas zonas.
Por la primera acusación, fue condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de incitación, orden de asesinatos e inacción para prevenir las atrocidades y no tomar medidas contra los responsables.
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En la segunda acusación, se le consideró responsable de crímenes de lesa humanidad por ordenar ataques con drones, helicópteros y armas letales, por lo que recibió la pena de muerte.
El futuro de Sheikh Hasina pasa por una palabra: extradición. Y en ese proceso la India tiene un papel clave, ya que es el país donde la exmandataria permanece exiliada desde agosto de 2024 y el único que puede decidir si será entregada o no a la justicia bangladesí.
Si el país accede a entregar a Hasina, permitirá que avance la ejecución de una condena a muerte con un fuerte impacto político y regional. Si se niega, corre el riesgo de tensionar su relación con el Ejecutivo provisional y, en la práctica, consolidar el exilio de la exmandataria.
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Horas después de la sentencia, el Gobierno interino de Bangladés pidió formalmente a la India la “entrega inmediata” de Sheikh Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal.
Nueva Delhi en ese momento reafirmó su compromiso con el pueblo bangladesí, aunque sin pronunciarse directamente sobre el futuro de Hasina, lo que ha colocado a India en una posición diplomática delicada.
La India y Bangladés cuentan desde 2013 con un tratado de reciprocidad en materia de extradición, pero su aplicación no es automática.
“La reciprocidad varía de un país a otro y entre un país y otro”, explica la abogada del Tribunal Supremo de la India, Jasmine Damkewala. Según la jurista, “una lectura detenida de la legislación revela que el acuerdo recíproco no se aplica en casos de delitos políticos y en este caso las acusaciones contra la ex primera ministra entran en esa categoría”.
Por ese motivo, India no estaría obligada a entregarla y Hasina podría incluso solicitar asilo, según Damkewala.
La abogada añade que ningún agente extranjero puede detener a alguien en territorio indio y que cualquier procedimiento tendría que pasar por canales diplomáticos formales, desde la Alta Comisión hasta un análisis jurídico del tratado y de los cargos presentados.
"Hasta que este examen determine si los delitos imputados son políticos -como sostiene también el propio Alto Comisionado de India en Daca- la exmandataria puede seguir residiendo legalmente en el país", concluyó.
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