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El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo Verde, según una sentencia judicial que pudo consultar Efe.
Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales, y en la que (Saab) deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso
Esta decisión se produce semanas después de que este mismo tribunal denegara el pasado día 15 de diciembre el traslado de Saab a prisión domiciliaria, y el 5 de enero diera luz verde a su extradición.
Ya el 30 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque regional al que pertenece Cabo Verde, había dictaminado un cambio en el régimen de encarcelamiento del acusado para que pudiese tener acceso a su familia, abogados y doctores dados sus supuestos problemas de salud.
Según la defensa de Saab, el estado de salud de su cliente es "débil" por una "condición de cáncer existente", del que no se han ofrecido mayores detalles.
Saab, que cumplió 49 años el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre una imagen discreta hasta que en 2017 comenzó a aparecer en la prensa, acusado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario colombiano, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de tapar los sobrecostes de un programa de ayuda para alimentos del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
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Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y su socio Álvaro Enrique Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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