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Una fuerte polémica se ha desatado en vísperas de Halloween, luego de que en el municipio de Caapucú, departamento de Paraguarí, se prohibiera la celebración de esta fecha. La decisión, firmada por el intendente Gustavo Penayo, sorprendió a padres y niños y ha sido duramente criticada por juristas y defensores de los derechos ciudadanos, quienes consideran que el decreto vulnera las libertades de expresión y de culto establecidas en la Constitución Nacional.
Según explicó el alcalde, la festividad “va en contra de las tradiciones cristianas y promueve símbolos vinculados con la muerte y la superstición”. Por esa razón, ordenó que la Policía Municipal, en coordinación con la Comisaría local, vigile las calles los días 30 y 31 de octubre para impedir cualquier evento alusivo a Halloween.
Caapucú, un pequeño municipio de cerca de 6.000 habitantes, se caracteriza por su arraigo religioso y tradiciones conservadoras. De acuerdo con la resolución firmada por Penayo, se prohíbe “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas a Halloween”, al considerar que dicha celebración “atenta contra la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud”.
El documento invita a que las escuelas, iglesias y organizaciones culturales organicen actividades centradas en valores cristianos, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre.
El intendente aseguró que la medida responde a la solicitud de la comunidad, argumentando que Caapucú es un lugar tradicional que busca preservar las buenas costumbres. Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando afirmó que, si la Policía no hace cumplir la norma, él mismo saldrá a las calles “con cachiporra en mano” acompañado de un grupo de cristianos para hacer respetar la ordenanza.
Estas palabras provocaron rechazo entre diversos sectores civiles, que calificaron la resolución y la actitud del alcalde como un exceso de autoridad y una violación de derechos constitucionales.
La abogada Alejandra Peralta Merlo fue una de las voces más críticas. En declaraciones con un medio de ese país, recordó que ninguna autoridad local puede pasar por encima de la Constitución: “Ningún intendente tiene potestad para prohibir celebraciones culturales o religiosas. Limitar el derecho a la libertad de expresión o de culto constituye un acto administrativo arbitrario e inconstitucional”, afirmó.
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Peralta señaló que la Constitución paraguaya garantiza la libertad de expresión y la libertad religiosa. En ese sentido, prohibir Halloween sería tan cuestionable como impedir la celebración de la Navidad o los carnavales. “Si se admite este tipo de resoluciones, abrimos la puerta a un camino peligroso de censura y autoritarismo”, advirtió.
La jurista recordó además un caso similar en Hernandarias, donde se prohibió una marcha del colectivo LGBT bajo el argumento de que la localidad era “provida”. Según ella, medidas de este tipo generan confrontación entre ciudadanos y atentan contra la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural en Paraguay.
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