La circulación de un nuevo audio que anuncia un paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán encendió nuevamente las alertas en comunidades ribereñas, indígenas y campesinas de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, donde desde finales de 2025 persisten restricciones a la movilidad, confinamientos y afectaciones al acceso a bienes básicos.
La situación ocurre en medio de las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales: el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', y el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias 'Calarcá Córdoba'.
La Defensoría del Pueblo advirtió que los habitantes de estas zonas enfrentan severas limitaciones para movilizarse, abastecerse y acceder a servicios esenciales, debido a la dependencia que tienen de los ríos para el transporte y la comunicación entre territorios.
En Putumayo, por ejemplo, el servicio público fluvial y el transporte escolar por río fueron suspendidos para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y en algunas rutas del río Putumayo.
En el municipio de Puerto Guzmán, las restricciones podrían impactar a más de 6.300 personas, incluidos integrantes de comunidades indígenas Nasa e Inga, además de consejos comunitarios. En Puerto Leguízamo, el panorama también preocupa: más de 5.800 habitantes podrían resultar afectados, entre ellos miembros de ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje.
Otro de los factores que advierte la Defensoría es el impacto que esta situación podría tener sobre la jornada electoral del próximo 31 de mayo. La Defensoría alertó sobre las dificultades logísticas para transportar material electoral por vía fluvial e instalar mesas de votación en zonas apartadas de Putumayo. En Puerto Leguízamo está prevista la instalación de 12 mesas rurales y en Puerto Guzmán otras 14, cuya operación podría verse comprometida por las restricciones de movilidad.
El organismo hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar medidas urgentes que permitan garantizar unas elecciones libres, seguras y con acceso efectivo al voto para las comunidades rurales.
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En ese mismo sentido, la Defensoría también hizo un llamado sobre la situación en Amazonas: 488 núcleos familiares, equivalentes a 1.706 personas de 14 comunidades pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), permanecen confinadas en el medio río Caquetá.
En Caquetá, las restricciones también afectan la movilidad en el sector oriental del municipio de Cartagena del Chairá, una zona estratégica desde donde parten rutas hacia el medio y bajo Caguán.
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