El consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía se reunieron con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, en La Haya, para reafirmar el compromiso del Gobierno con la protección de líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz.
“Estuvimos explicándole la política de protección de derechos humanos que tenemos en Colombia frente a los líderes sociales y todo el trabajo relativo al plan de acción oportuna que ha implementado el Gobierno en diferentes territorios”, dijo.
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La reunión se dio luego de que el senador Gustavo Petro le pidiera a la CPI investigar el asesinato de líderes sociales.
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También se aprovechó el encuentro para explicar el alcance de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.
“Para el Gobierno colombiano esto es parte de un debate natural, institucional y que la implementación de los acuerdos de paz está garantizada en la medida en que el Gobierno lo está haciendo al invertir recursos en el territorio”, agregó.
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