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La incertidumbre se instaló en el norte del Tolima. Siete jóvenes desaparecidos, familias que no dejan de buscarlos y una hipótesis que inquieta: el posible reclutamiento forzado. En medio de este panorama, la Gobernación del Tolima elevó la recompensa a $35 millones para quien entregue información que permita ubicarlos.
Los casos, ocurridos en San Sebastián de Mariquita y con conexión en municipios cercanos, no solo han encendido las alarmas institucionales, sino que también revelan un entramado más complejo que va más allá de simples desapariciones.
Los jóvenes han sido identificados como David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz y Alejandra Arias León, esta última oriunda de Fresno y desaparecida desde marzo de 2025.
La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas anunció la medida tras la sesión del Comité de Orden Público, dejando claro el carácter prioritario del caso:
“Seguimos trabajando de la mano de todas las autoridades para esclarecer los hechos ocurridos en Mariquita. Por ello aprobamos una recompensa de hasta $35 millones para quienes nos den información que permita dar con su paradero”, aseguró.
La mandataria insistió en que la localización de los jóvenes es una prioridad absoluta, en articulación con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.
Detrás de la búsqueda hay un despliegue institucional que intenta reconstruir lo ocurrido. Un coronel especializado de la DIJIN fue enviado desde Bogotá para liderar las labores en terreno, acompañado por unidades del CTI y fuerzas especiales del Ejército.
El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, explicó la complejidad del proceso: “Las investigaciones continúan y ha sido muy importante el incremento de la recompensa. No podemos revelar detalles por la reserva sumarial, pero hay avances significativos. Hoy tenemos presencia de la DIJIN a nivel nacional, un teniente coronel especializado en búsqueda de personas, además de las capacidades del CTI y fuerzas especiales urbanas del Ejército”, dijo.
El funcionario fue enfático en que ninguna línea investigativa está descartada: “En una investigación no se puede excluir ninguna hipótesis”, señaló.
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Pero, mientras avanzan las pesquisas, una hipótesis gana fuerza. El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Andrés Suárez Guzmán, reveló que los casos podrían estar relacionados con dinámicas de reclutamiento forzado en la región limítrofe con Caldas.
“Existe una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre la presencia de grupos armados organizados en esta subregión. Todo indica que podría tratarse de reclutamiento forzado”, señaló.
Según explicó, los jóvenes, entre los 18 y 21 años, habrían desaparecido de manera progresiva, sin dejar rastro, en medio de un contexto donde las redes sociales se han convertido en herramienta de captación: “Se están utilizando para ofrecer dinero y falsas oportunidades. También hay casos de trata de personas. Es una dinámica preocupante”, advirtió.
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El funcionario también reveló un fenómeno adicional: la “tercerización” del reclutamiento. Bandas locales en municipios como Armero Guayabal, Ambalema, Honda, Lérida y Mariquita estarían siendo utilizadas para ejercer control territorial y facilitar la captación de jóvenes.
Mientras las autoridades intensifican operativos y análisis de información, las familias viven una espera angustiante. La promesa institucional es clara: no detener la búsqueda hasta encontrarlos.
Pero en Mariquita, más allá de la recompensa, lo que crece es el temor de que detrás de estas desapariciones haya una red criminal que sigue operando en silencio.
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