Batalla por migración y presupuesto de seguridad en EE.UU. entra en recta final

La batalla política que protagonizan republicanos y demócratas en el Congreso de EE.UU. sobre las medidas migratorias de Barack Obama y el presupuesto de Seguridad Nacional entra esta semana en su recta final para lograr un acuerdo antes de la fecha límite, este viernes 27 de febrero. El Congreso volverá a su actividad legislativa después de diez días de receso y habrá de llegar a un punto común que permita dotar de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen desde las estrategias antiterroristas hasta la seguridad fronteriza y migratoria. Precisamente, en este aspecto es en el que los republicanos quieren cambiar el rumbo marcado por el mandatario, quien el pasado noviembre emitió una extensión de la acción ejecutiva para evitar las deportaciones a los jóvenes sin documentos criados en EE.UU. y una nueva para los padres en situación ilegal de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. La Cámara de Representantes, de gran mayoría conservadora, ya aprobó el proyecto de financiación del departamento sin fondos para la ejecución de las medidas, sin embargo, en el Senado el texto no ha podido prosperar al ser bloqueado por los demócratas antes de un voto final. "Es absurdo que estemos aún teniendo esta conversación acerca de la incapacidad del Congreso para financiar la Seguridad Nacional en estos tiempos tan difíciles", dijo hoy el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jeh Johnson, en el programa de CNN "Estado de la Unión". El secretario hizo un llamamiento de última hora para que el Congreso apruebe los fondos antes del vencimiento del plazo y deseó que alguien en el Legislativo "ejerza cierto liderazgo" para no dejar sin financiación a las agencias que velan por la seguridad del país. Los líderes del Partido Republicano están siendo presionados por los miembros más moderados de su bancada, quienes prefieren que se apruebe la ley sin condiciones antes que dejar sin liquidez a las agencias de las que depende la seguridad de EE.UU. Mientras tanto, el ala ultraconservadora, se niega a que así sea, y prefiere que se someta de nuevo a votación el texto original, aunque Obama ya ha advertido de que de aprobarse en el Congreso, él hará uso de su derecho a veto. El Senado tiene previsto votar el lunes por cuarta vez para superar el voto de procedimiento, pero parece improbable que lleguen a convencer al número suficiente de demócratas para que respalden la idea. Por su parte, el presidente de la Cámara baja, John Boehner, ha dicho en repetidas ocasiones que esa instancia ha hecho su trabajo y que la pelota está en el tejado del Senado. Sin embargo, un punto muerto en la Cámara alta podría forzar una reunión de urgencia entre los republicanos, quienes desde noviembre controlan las dos cámaras y serían culpados directamente por dejar sin fondos al DHS. Las medidas migratorias del mandatario han levantado ampollas entre los conservadores al haber sido tomadas de manera unilateral, lo que ha derivado en una demanda por parte de 26 estados -gobernados por republicanos- que reclaman la inconstitucionalidad de las mismas. Precisamente esta semana, a raíz de dicha demanda, un juez federal de Texas emitió una medida cautelar y puso en espera la entrada en vigor de las acciones ejecutivas, cuyas inscripciones para los posibles beneficiados iban a comenzar el pasado miércoles. La Administración ha respondido presentando una apelación a la decisión judicial, pero hasta que esa vía no se agote, las medidas quedarán suspendidas. En este sentido, el senador republicano John McCain (Arizona) aseguró recientemente que la decisión de la corte federal de esta semana contra las acciones ejecutivas de Obama da a los líderes del Partido Republicano la "razón perfecta" para asegurarse de que el Departamento de Seguridad Nacional no sufra el cierre. "Debemos trabajar juntos a pesar de la obstrucción de nuestros colegas demócratas para resolver este problema de manera que no se cierre", dijo McCain. "Ahora tenemos la razón perfecta para no hacerlo porque los tribunales han decidido, al menos inicialmente, a nuestro favor", agregó, apelando a que se debe permitir que la justicia sea la que intervenga en el asunto migratorio y llamando a sus colegas a votar por un presupuesto sin condiciones. Si nadie se mueve y vence el plazo, el Departamento de Seguridad Nacional tendría que dejar sin sueldo varios días a 30.000 de sus empleados y limitar considerablemente sus operaciones. EFE