En el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca crear un bloque de búsqueda especializado para combatir las redes de tráfico de drogas que operan alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos.
La iniciativa fue presentada por el primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, y propone establecer perímetros de protección de hasta 200 metros alrededor de esos espacios, con la posibilidad de ampliarlos hasta 400 metros cuando exista un riesgo especial sustentado.
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Según el proyecto, la vigilancia se concentraría en los puntos y horarios de mayor amenaza, especialmente durante la entrada y salida de estudiantes.
“No podemos seguir permitiendo que se dé el tráfico y la venta de drogas alrededor de los colegios, de los parques, de los escenarios deportivos, a donde nuestras familias van a estudiar, a recrearse, a divertirse, porque además están aprovechando esos espacios los delincuentes para instrumentalizar también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que lo que queremos con esta iniciativa es que haya una articulación interinstitucional desde el gobierno nacional con los gobiernos locales, la policía, la fiscalía, para que podamos identificar muy bien cuáles son esas zonas de tráfico de drogas”, dijo el representante.
Molina explicó que, en una etapa inicial, las autoridades tendrían que caracterizar las zonas del país e identificar los colegios, parques y escenarios deportivos donde la problemática sea más acentuada.
“El Estado tiene que perseguir al criminal que sale a venderles droga a nuestros hijos. Vamos por el que vende, por el que la surte y por el que cobra”, afirmó Molina en el documento de presentación.
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La propuesta también contempla recuperar parques y espacios deportivos afectados por las estructuras, mediante el acompañamiento a reparaciones de alumbrado, labores de mantenimiento y actividades deportivas y culturales. Además, plantea medidas para proteger la identidad de quienes denuncien y activar rutas de atención para menores utilizados por organizaciones criminales.
De acuerdo con el proyecto radicado, los alcaldes tendrían seis meses para identificar los puntos que requieren intervención y definir prioridades junto con la Policía. También se propone hacer seguimiento a las zonas intervenidas para evitar que los expendios reaparezcan o se trasladen, y rendir cuentas sobre los puntos desmantelados, las capturas y los menores protegidos.