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Buscan mantener viva la ley que exonera cobro por reconexión de servicios públicos

Tras la decisión que adoptó el presidente Juan Manuel Santos, de objetar el proyecto de ley con el que se busca la eliminación del cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios.

100600_Blu Radio. Congreso de la República / Foto: Senado de la República
Blu Radio. Congreso de la República / Foto: Senado de la República

Uno de los ponentes de la iniciativa, el senador liberal, Mario Fernández Alcocer, afirmó que el proyecto sigue vivo y que se dará la batalla en el legislativo para buscar que se sancione.

 

“El proyecto no se ha hundido, solamente sufrió un revés y vendrá devuelto desde el Gobierno hacia el legislativo y aquí tendremos la oportunidad de revisar las objeciones, de votarlas o de denegarlas”, indico el congresista.

 

Fernández Alcocer se mostró convencido de que el proyecto tendrá el mismo respaldo que tuvo durante los cuatro debates que curso en las respectivas comisiones y las plenarias a la hora de no aceptar las objeciones para que pase así a revisión de la Corte Constitucional, donde este alto tribunal decidirá el futuro de la ley que beneficiaría a estratos uno, dos y tres.

 

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Frente a los argumentos del Gobierno, el congresista liberal señaló que en ningún momento se verían afectadas las finanzas del Estado ya que se le apunta es a que del gran lucro que tienen las multinacionales, incluyan en sus costos de operación el tema de la reconexión.

 

Igualmente, Fernández Alcocer indicó que “es falso que se quiera incentivar la cultura del no pago, ya que a los usuarios se les va a suspender el servicio cuando no paguen y a nadie le gusta quedarse sin luz, y cuando no tengan cómo pagar esa factura pues no recargarles el costo de reconexión”.

 

Por parte del Gobierno se indica que, “dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, por las empresas o por el propio Estado”.

 

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Con lo que se sustenta, en una comunicación enviada al presidente del Congreso de la República, que el proyecto de ley va contra el artículo 367 de la Constitución Nacional ya que excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos.

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