Cancillería advirtió que, por tiempos, aplicar modelo de pasaportes con la imprenta es inviable

El 25 de junio, la Cancillería respondió a la Procuraduría un requerimiento de información sobre los pasaportes. En este documento, el Ministerio advirtió que el modelo de pasaportes que dejó el excanciller Luis Gilberto Murillo estaba en revisión, pues hubo varios ajustes al cronograma y, por ende, los tiempos no alcanzan para aplicarlo el 1 de septiembre, como quiere el presidente Gustavo Petro.Se trata de un documento de siete páginas con el que la Cancillería le explicó a la Procuraduría en qué va el proceso para el contrato de pasaportes en Colombia. Esta carta, dirigida al procurador delegado Marcio Malagón y firmada por la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que el modelo de pasaportes que pretende aplicar el Gobierno nacional el próximo 1 de septiembre —en el que la Imprenta Nacional asumiría la elaboración de estos documentos en alianza con el gobierno de Portugal— está bajo revisión en aspectos técnicos como: (i) la calidad, seguridad y continuidad de los altos estándares de las libretas de pasaporte; (ii) la importación de la maquinaria e insumos requeridos; (iii) aspectos logísticos, tales como el transporte de las libretas desde el sitio de producción hasta las sedes de entrega final al usuario o a las distintas Entidades Territoriales; y (iv) el fortalecimiento de la Imprenta Nacional de Colombia.También la Cancillería reconoció que hubo muchos cambios en el cronograma, por factores externos relacionados con permisos en Portugal, pero también internos, relacionados con la capacidad de la imprenta. Por último, señalan que los tiempos de aplicación no son suficientes.El documento indica: “Como un último motivo que afecta el cronograma, son los tiempos que requiere la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda para dar inicio a la operación, que, de acuerdo con información suministrada por esta entidad, podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el Convenio Interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2025”.Por estas diferencias, la canciller Laura Sarabia renunció al Gobierno.