Este domingo 20 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones atípicas para la alcaldía de Cartago (Valle del Cauca), con la particularidad de que en el tarjetón aparece como candidato Juan David Piedrahíta, el alcalde cuyo mandato fue anulado por el Consejo de Estado y llevó a la convocatoria de nuevos comicios.
Piedrahíta fue elegido alcalde de Cartago en octubre de 2023 para el periodo 2024-2027, con el aval de la coalición “Más Progreso, Mejor Futuro”, integrada por ASI y el Partido Liberal. El problema surgió porque durante la campaña realizó actos de respaldo a candidatos al Concejo de otras colectividades, lo que lo llevó a incurrir en una de las causales para la anulación por parte de la Sección Quinta del alto tribunal.
A tres días de las elecciones atípicas aún hay incertidumbre frente a la candidatura de Piedrahíta. Desde el pasado 6 de agosto, al Consejo Nacional Electoral llegaron varias solicitudes que buscan revocar la inscripción de Piedrahíta para estas nuevas elecciones. El argumento central es que el exalcalde habría ejercido su mandato y habría sido ordenador del gasto dentro de los doce meses anteriores a los comicios, una situación que podría configurar una inhabilidad prevista en la ley.
El caso tiene además un antecedente reciente en el municipio de Fonseca, en La Guajira, en donde el CNE revocó la inscripción de un exalcalde que también buscaba regresar al cargo después de que su elección fuera anulada. Ese antecedente hace parte de los elementos que han sido considerados dentro del expediente sobre Cartago; sin embargo, Piedrahíta continúa formalmente inscrito como candidato.
En las últimas horas, el CNE aclaró mediante un comunicado que no existe una decisión definitiva que haya revocado su candidatura, que solo se han resuelto las recusaciones contra los magistrados de la Sala Plena y que no se ha presentado por parte de la magistrada que lleva el caso, Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), una ponencia que decida de fondo en este caso.
El problema es que los cartagüeños están a pocas horas de volver a las urnas, mientras permanece abierta la discusión sobre la situación jurídica de uno de los candidatos y más aún cuando ya el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al Consejo Electoral que en menos de 48 horas de la notificación decidiera sobre la revocatoria de la inscripción.