La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en un esquema de irregularidades relacionado con la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, la exmandataria deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
La investigación está relacionada con tres proyectos que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y la construcción de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.
Según la Fiscalía, durante la administración de Barrios Guarnizo se habría designado como entidad ejecutora de las iniciativas a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), junto con los respectivos contratos de interventoría, pese a que dicha organización no cumplía las condiciones exigidas para administrar recursos provenientes de regalías. Actualmente, hay nueve imputados de AREMCA por presuntas irregularidades.
La entidad investigadora señaló que AREMCA “no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales”, requisito necesario para asumir este tipo de funciones.
Dentro de las evidencias recopiladas también se estableció que los proyectos objeto de investigación no hacían parte de la planeación oficial del departamento. La Fiscalía precisó que “los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías”.
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Las indagaciones apuntan, además, a presuntas irregularidades en las etapas previas a la contratación. De acuerdo con el material probatorio presentado por el ente acusador, la entonces gobernadora habría intervenido en las fases de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, avalando documentos técnicos que carecían de los soportes requeridos.
La Fiscalía sostiene que las evidencias indican que Barrios Guarnizo habría actuado “de manera consciente y voluntaria” durante la fase precontractual y en distintos momentos del trámite de los proyectos, permitiendo que avanzaran iniciativas que, presuntamente, no cumplían los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
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