El próximo 21 de abril de 2022, en el Palacio de la Paz en La Haya, los jueces de la Corte Internacional de Justicia darán a conocer el fallo sobre la demanda de Nicaragua a Colombia, en la que argumenta que el Gobierno colombiano no le dio trámite adecuado al fallo proferido el 19 de noviembre de 2012.
Sobre el resultado de ese fallo y lo que viene en el enfrentamiento entre los dos países en esa instancia internacional, BLU Radio habló con los expertos.
Rafael Enrique Piñeros, coordinador de pregrado de relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, explica que en este caso no va a haber una pérdida de territorio, ni nuevas revisiones del mapa, pero sí “un llamado de atención muy fuerte por parte de la Corte Internacional de Justicia”, para hacer lo que en un principio se debió hacer, “que Nicaragua y Colombia definan de una vez los límites entre ambos países, que fue una de las muchas observaciones que se hicieron en el fallo de 2012”.
Para la internacionalista y directora de la maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia, María Teresa Aya, el escenario al que se enfrenta Colombia ante la lectura del fallo del próximo jueves, es uno en el que la Corte le “cobrará” no haber acatado la decisión de 2012 sobre Nicaragua.
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“Colombia llega a la Corte en rojo, debiendo. Estamos debiendo el cumplir y acatar el fallo de 2012 y es altamente probable que la Corte le vaya a cobrar eso a Colombia. Va a haber un jalón de orejas, ¿qué tan fuerte? Eso no lo sabemos, pero es altamente probable que sea muy fuerte y es que esa es la primera pretensión de la demanda de Nicaragua frente a la cual se tienen que pronunciar en que Colombia no ha acatado este fallo, es decir, llegamos debiendo”, dijo la analista.
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Los expertos coindicen que la consecuencia será política y de reputación frente al sistema internacional que deja a Colombia como "el país que no acató el fallo de la Corte”.
“Los fallos de la Corte no son apelables y por lo tanto es una decisión firme y en derecho (…) La solución es negociar un tratado de delimitación con el Gobierno de Nicaragua”, agregó Piñeros Ayala.
Otro de los puntos que incluye la demanda nicaragüense son los incidentes, como que las operaciones de la Armada Nacional ponían en riesgo a las embarcaciones de bandera nicaragüense y que vulneraban su derecho a la pesca, así como las críticas al decreto 1946 de 2013, que para ellos pone en riesgo el ejercicio de la soberanía de Nicaragua.
“Hay otros temas como los incidentes que alega Nicaragua y que se han producido en aguas internacionales, que podrían no ser tan graves en el dictamen de la Corte, es decir las consecuencias van a ser políticas, pero frente a los incidentes puede haber algo, pero puede no ser tan grave”, dijo Aya.
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María Teresa Aya dice que aún queda pendiente una segunda demanda que interpuso Nicaragua contra Colombia y esta tiene que ver con la plataforma submarina, “en ese sentido es muy importante porque hay más de 80.000 kilómetros en juego de plataforma submarina que se reflejan después en los derechos económicos para la pesca y explotación de áreas para ambos países, se espera que la Corte se pronuncie a finales de este año o a comienzos de 2023”.
El fallo del jueves, 21 de abril, se conocerá a las 10 de la mañana hora Países Bajos (3 de la mañana hora Colombia). En la página de la cancillería de Colombiausted puede encontrar cada uno de los procesos, los documentos presentados por el Gobierno colombiano en las audiencias y los argumentos expuestos en las audiencias.
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