Colombia pide disculpas públicas por desaparición forzada de Guillermo Anzola y Julio Eduardo Molina

El Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad por la desaparición forzada de Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias, ocurrida el 9 de marzo de 1995 en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, y presentó disculpas públicas a sus familiares tras más de tres décadas de búsqueda de verdad y justicia.

El reconocimiento fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de un acuerdo conciliatorio suscrito ante la Procuraduría General de la Nación el 24 de junio de 2025, aunque no fue voluntario, pues llega luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyera, en un dictamen emitido en septiembre de 2015, que Colombia incurrió en múltiples violaciones de derechos humanos en este caso.

Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias desaparecieron cuando regresaban de Puerto Triunfo hacia Medellín. Ocho días después, el 17 de marzo de 1995, el vehículo en el que se movilizaban fue encontrado abandonado en el municipio de San Francisco, Antioquia, sin rastro de sus ocupantes. Desde entonces, sus familias emprendieron una búsqueda permanente ante distintas entidades del Estado, sin obtener respuestas sobre su paradero.

Ante la falta de avances en la investigación, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) impulsaron acciones judiciales y posteriormente llevaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En su decisión de 2015, el organismo internacional determinó que el Estado colombiano vulneró los derechos a la vida, a la libertad y seguridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a no ser sometidos a torturas o tratos crueles y al acceso a un recurso judicial efectivo, tanto de las víctimas como de sus familiares.

En el comunicado divulgado este miércoles, la Cancillería reconoció la lucha de las familias de Guillermo Anzola y Julio Eduardo Molina por obtener verdad, justicia y reparación. Además, ofreció excusas públicas por la desaparición forzada, por la imposibilidad de establecer el paradero de las víctimas, por la falta de identificación y judicialización de los responsables materiales e intelectuales y por la demora en garantizar una reparación integral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que aceleren las investigaciones y fortalezcan los esfuerzos encaminados a encontrar a Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias, así como a judicializar a los responsables de los hechos.

Este reconocimiento del Estado pone fin a un prolongado proceso de reclamación internacional. En 2022, cuando se cumplían 27 años de la desaparición, la Comisión Colombiana de Juristas denunció que Colombia seguía sin cumplir las órdenes impartidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En ese momento, la organización señaló que el Estado había dilatado las decisiones relacionadas con el reconocimiento de su responsabilidad y la reparación de las víctimas, pese a que el organismo internacional ya había establecido que no se realizaron los esfuerzos suficientes para investigar la desaparición, sancionar a los responsables y garantizar los derechos de los familiares.

Aunque el acto de disculpas públicas representa un avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia, las familias continúan esperando resultados concretos en la búsqueda de Guillermo Anzola Grajales y Julio Eduardo Molina Arias y el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace 31 años en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano.