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La Corte Constitucional de anuló este miércoles 10 de julio, un acuerdo entre empresarios y varias tribus de la Amazonía para vender créditos de carbono, debido a "maniobras fraudulentas" en la negociación con los indígenas.
El alto tribunal falló a favor de las seis etnias de la selva del Pirá Paraná, en el departamento de Vaupés (sureste), que denunciaron en junio de 2022 a la empresa estadounidense Ruby Canyon Environmental y a la colombiana Masbosques por suplantar a sus autoridades en el acuerdo para comercializar estos créditos.
La Corte ordenó que las autoridades legítimas de estos pueblos se reúnan y decidan, en un plazo de seis meses, si autorizan un nuevo acuerdo con las empresas demandas.
También conocidos como "bonos verdes", los créditos de carbono son adquiridos por empresas contaminantes que aspiran a compensar así el uso de combustibles fósiles y descontar impuestos.
Las compañías demandadas vendieron los bonos por unos 3,8 millones de dólares, de los cuales dicen haber entregado el 100 % a los indígenas.
Según el contrato suscrito en marzo de 2021, a cambio los nativos se comprometieron a preservar una superficie selvática de 7.100 km2, casi el tamaño de Puerto Rico. Pero las tribus dicen que el acuerdo fue firmado a sus espaldas y con falsos líderes indígenas.
La aerolínea estadounidense Delta fue el cliente final de estos bonos, según el portal ecoregistry.com.
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Si los indígenas no aceptan el nuevo acuerdo, las autoridades deben "asegurar" que el proyecto de créditos de carbono conocido como Baka Rokaire "no siga ejecutándose en el territorio", ordenó la Corte.
A finales de 2023 la AFP visitó esta zona ubicada a unas 6 horas de viaje fluvial de Mitú, la capital más cercana. Allí los indígenas relataron que los bonos trajeron una "bonanza" económica, pero también fracturas entre líderes y comunidades desacostumbradas a manejar grandes sumas de dinero.
El gobierno izquierdista de Gustavo Petro ve en los bonos de carbono una fuente de financiación para dejar atrás la extracción de hidrocarburos, aunque admite que en algunos casos hay "un aprovechamiento" por parte de las empresas que estructuran los proyectos.
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