saber el origen del producto con el que finalmente sería ejecutado en Texas.
El juez conservador Antonin Scalia, a cargo de Texas (centro-sur), rechazó el pedido de apelación de Tommy Sells, quien fue ejecutado poco después en Huntsville. El asesino serial fue declarado muerto a las 18H27 locales (23H27 GMT), según un portavoz de las prisiones texanas.
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Una jueza federal había ordenado el miércoles que se aplazaran las ejecuciones de Sells y del mexicano Ramiro Hernández, previstas para este jueves y para el próximo miércoles respectivamente, hasta que las autoridades de Texas revelaran el origen de los barbitúricos que se utilizarían en las inyecciones letales.
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Sin embargo, esta sentencia fue revocada en apelación y la ejecución de Sells reprogramada. Luego de ese anuncio, los abogados de los condenados adelantaron que llevarían el caso a la Corte Suprema.
La jueza Vanessa Gilmore había accedido a una apelación presentada por los abogados de Sells y Hernández que pedía "la publicación completa de la fuente, naturaleza y eficacia" del anestésico pentobarbital, utilizado en las inyecciones letales.
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Las autoridades de Texas habían anunciado el agotamiento de sus existencias de pentobarbital, pero habían logrado sustituirlo con otro fármaco.
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Ese nuevo producto habría sido "sometido a prueba por un laboratorio independiente", de acuerdo a los documentos de la apelación.
Los abogados de los condenados habían pidieron que se divulgaran detalles de las pruebas de análisis del producto para asegurar que no se violara la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe la aplicación de "penas crueles e inusuales".
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La jueza Gilmore deploró que Texas haya autorizado el uso del nuevo producto "dos días antes de la primera ejecución" prevista.
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"El secreto que mantiene el estado (de Texas) sobre el producto usado en la inyección letal impide a los demandantes evaluar y cuestionar la constitucionalidad de este método de ejecución", expresó la jueza.
Varios estados de Estados Unidos agotaron sus reservas de pentobarbital después que fabricantes europeos se negaran a venderlo para uso en ejecuciones humanas, y por ello Texas prefirió conseguir el producto con nuevos laboratorios o con productos no homologados a nivel federal.
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El mexicano Hernández fue condenado a muerte en el año 2000 por el asesinato de un profesor en 1997, y la violación a la esposa de este último. Durante su condena, hirió mortalmente a una guardia carcelaria.
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Sin embargo, la Corte Internacional de La Haya pidió a Estados Unidos que suspenda su ejecución ante evidencias de que sus derechos consulares fueron violados al momento de su arresto, en violación de la Convención de Viena.
Nueve países imponen la pena de muerte en el continente americano, pero solo Estados Unidos sigue realizando ejecuciones.
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Con AFP