La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por 824.960 millones de pesos contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al concluir que el Viaducto Chirajara continúa sin entrar en operación pese a estar terminado desde hace más de dos años.
El hallazgo se produjo tras una auditoría de cumplimiento al contrato de concesión 4G de iniciativa privada Chirajara–Fundadores y otros contratos asociados al corredor vial Bogotá–Villavicencio, correspondiente a las vigencias 2022-2025. Según el organismo de control, la ANI no realizó de manera oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para ejecutar las obras que permitan habilitar la infraestructura.
La Contraloría explicó que, aunque el viaducto fue finalizado el 4 de febrero de 2024, aún no ha sido recibido formalmente por la ANI ni puesto al servicio de los usuarios. Esto se debe a que persisten daños sin reparar en el Túnel 13 y al colapso del Puente 1 (Quebrada Seca), ocurrido en junio de 2019, lo que mantiene fuera de operación un tramo de 6,5 kilómetros de la doble calzada Bogotá–Villavicencio.
El ente de control recordó que un laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023 estableció que la ANI asumió la responsabilidad por la inestabilidad de la ladera en el kilómetro 58 y ordenó a la entidad ejecutar las intervenciones necesarias para reparar el túnel y el puente, con el fin de poner en funcionamiento el viaducto y el tramo vial asociado.
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