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En una auditoria realizada por la Contraloría hacia la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia del 2023, se evidenciaron 13 hallazgos administrativos, de los cuales 14 tienen alcance fiscal superior a los 5.000 millones de pesos. Sin embargo, la Contraloría delegada para el sector salud, afirmó que la auditoria dejó en evidencia que hay deficiencias en el cumplimiento de las funciones de la SuperSalud, específicamente en el flujo de recursos de las EPS hacia el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
“Se advierten igualmente debilidades en las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) por parte de la SuperSalud, por ejemplo en casos como el de la EPS indígena Dusakawi, lo que ha permitido que durante 11 años se prorrogue la medida cautelar de vigilancia especial, sin observar cambios que beneficien el flujo de los recursos, incumpliendo con los indicadores de los componentes técnico científico, jurídico y financiero, y sin que a la fecha se haya logrado solucionar la crisis de la EPS en mención”, menciona la Contraloría delegada para la salud.
Por otro lado, afirmó la Contraloría que se detectaron presuntas irregularidades como la inoportunidad en la gestión de cobro y radiación de incapacidad y licencias de maternidad ante las EPS, que superan los 70 millones de pesos.
Asimismo, la Contraloría delegada encontró más deficiencias como la inoportuna radicación de acreencias, como en el caso del Hospital Universitario Cari en Barranquilla, y deficiencias en los mecanismos de seguimiento para el control presupuestal para girar el primer pago a contratista.
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